Abogados defensores de las víctimas del colapso de la Línea 12 (L12) del Metro de la Ciudad de México acusaron a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) de negarles el acceso a las carpetas de investigación sobre lo sucedido el pasado 3 de mayo, y que dejó como saldo 27 fallecidos y cerca de 100 heridos.
Tal es el caso de Cristopher Estupiñan, defensor de varias victimas afectadas en el incidente, quien a través de un comunicado exigió a la Fiscalía el acceso inmediato a la carpeta de investigación para poder proceder contra las empresas involucradas en el diseño, construcción y mantenimiento de la Línea 12.
Lo anterior, luego de que este 14 de octubre la FGJ-CDMX presentó ante los medios de comunicación los resultados de su investigación entorno a los hechos, en el que determinó que dicho accidente fue provocado por graves errores en su diseño y construcción.
Por ello, el asesor legal de las victimas lamentó que la dependencia y su titular Ernestina Godoy Ramos no hayan involucrado a las víctimas en todo proceso de investigación, y que hasta la fecha no se les ha dado acceso a las carpetas como lo determina el Artículo 20 constitucional.
“Artículo 20, apartado, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistado”.
En ese sentido, Estupiñan indicó que no se les informó que saldría del dictamen y se les mantuvo fuera de todo este proceso de investigación y dictaminación. “Pero, aunque nos quieran mantener al margen, a nombre de las victimas les queremos dejar muy clatro que no vamos a aceptar cualquier compensación”.
Asimismo, indicó que el reporte reitera lo que ya había adelantado el peritaje de Carbino Legal, despacho al que pertenece, que es una falla de origen, es decir vicios en la construcción.
Además, recalcó que una de las empresas responsables directas es Grupo Carso de Carlos Slim, consorcio que tendrá que pagar por los irreparables daños causados y recibir sanciones ejemplares, así como todos los funcionarios responsables de la verificación y supervisión del diseño y de la construcción de la Línea Dorada.
Cristopher Estupiñan confirmó que las victimas de ninguna manera van a aceptar que se haga un fondo para reparar los daños, ya que señaló, “pues no se trata de dádivas o limosnas, sino de una reparación integral de los innumerables daños causados por el engranaje de corrupción, ineficiencia y negligencia de las empresas constructoras y de los funcionarios de la Ciudad de México, que culminó una de las peores tragedias que ha ocurrido en el Sistema de transporte más importante del país”.
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Por su parte, Teófilo Benítez Granados, abogado de ocho víctimas del derrumbe, afirmó que la FGJ-CDMX le ha ocultado la carpeta para investigar el percance.
Durante una entrevista hecha por la periodista Carmen Aristegui, el defensor declaró que desde mayo han buscado a las autoridades para añadir elementos a la investigación, aunque hasta la fecha solo tienen conocimiento de las declaraciones de las propias víctimas.
Afirmó que las autoridades separaron la indagatoria “principal” y a la fecha no se ha atendido la solicitud de unificar o acumular todas las carpetas, por lo que desconocen aspectos clave como los peritajes y estudios contratados por las autoridades.
Entre otras cosas, Benítez Granados aseguró que “al culpar a empresas y personas físicas, la fiscal Ernestina Godoy lo que intenta es limpiar la imagen de Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial favorita del presidente López Obrador”.