El Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas en contra de la familia Jenkins, por una cantidad equivalente de hasta 720 millones de dólares americanos, con el fin de asegurar el pago de los daños que dicha familia ha causado por desfalcar a la Fundación Mary Street Jenkins.
Cabe señalar, que esta fundación fue constituida en 1954, por el señor William Oscar Jenkins, para establecer actos de caridad, por medio de apoyos de distintos tipos y actos de altruismo en la ciudad de Puebla.
En ese sentido, el fundador dispuso a sus herederos, sin ser dueños del patrimonio, participaran en el patronato sin remuneración alguna.
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Sin embargo, una vez fallecido el señor Jenkins, los herederos y encargados de la fundación, en conjunto con los abogados Alejandro Gonzáles Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, sacaron aproximadamente 14 mil millones de pesos de la institución, donando todos los bienes a otra fundación con residencia en Jalisco.
Pero la institución de inmediato cambió de domicilio a Barbados, para finalmente establecerse en Panamá, conocido paraíso fiscal, donde los herederos Jenkins se nombraron beneficiarios directos de los bienes.
Por ello, el nuevo presidente de la Junta de Asistencia Privada para el Estado de Puebla, al tener conocimiento de los hechos, inició el proceso para fincar responsabilidad civil y penal a los funcionarios involucrados por hechos graves de corrupción y negligencia.
Asimismo, presentó, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una demanda de daños y perjuicios, más intereses, por la cantidad de 720 millones de dólares en contra de los Jenkins, lo que llevó al congelamiento de sus cuentas.
No obstante, la familia Jenkins se encuentra prófuga de la justicia tras la orden de aprehensión por delito de lavado de dinero, emitida por este caso, el pasado 24 de febrero.
JAL
