Hace unas horas en el marco de las conmemoraciones en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) transmitió el Seminario virtual: “Periodismo, Género y Derechos Humanos” en el que participaron comisionados del INAI y las ponentes Norma Trujillo, Lilia Saúl, Zorayda Gallegos y Sandra Romandía.
La periodista Norma Trujillo abrió la ronda de participaciones con una sentencia fundamental: La violencia en contra de los periodistas frena el libre ejercicio de la libertad de prensa, que para ella significa el Derecho a saber, un componente indispensable para la democracia y que se está negando sobre todo cuando matan a un periodista.
Norma es parte de la terrible estadística que califica al estado de Veracruz como el más peligroso para ejercer el periodismo. Su causa comenzó desde 1994, por defender sus propios derechos laborales al ser despedida del medio donde trabajaba sin una liquidación y en donde es innegable la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Luego su pronunciamiento en el reclamo de justicia por la muerte de la periodista Regina Martínez, quien fuera asesinada en su domicilio el 28 de abril de 2012, convirtió a Norma Trujillo en un blanco de acoso, violencias, amenazas de muerte y judicialización por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado.
“Empezaron unos mensajes de texto burlándose de mi pobreza, de que vivía en una colonia popular y que me golpearían los pandilleros de mi barrio. Las visitas a mi domicilio de supuestos evangélicos de los testigos de Jehová, que con gorras y lentes oscuros acudieron un sábado a mi domicilio. La toma de fotografías de mi hija por parte de informadores políticos adscritos a la Secretaría de Gobierno del Estado. Los ataques en mis correos electrónicos, redes sociales y mensajes de texto disfrazados de un servicio de horóscopos que me decían: Hoy morirás.”
Tras un proceso empantanado y sinfín que inició Norma, recibió de las autoridades correspondientes negativas para determinar el delito de amenaza con el argumento de que la periodista estaba “adaptada a los miedos” demostrado en un peritaje psicológico, así que mientras no se demostrara el daño emocional a la persona era improcedente, además de aberraciones en los procesos como que la propia Ministerio Público, llamando al número telefónico de los agresores por amenazas preguntando “¿Verdad que usted no quería hacerle daño a la periodista?” y la respuesta obvia de la otra parte: Efectivamente, sólo quería que me cubriera una información.
Lilia Saúl quien está al tanto de las situaciones de riesgo que padecen los periodistas, externó un reconocimiento y apoyo a Norma, remarcando la importancia de la procuración de justicia y seguridad para el gremio, compartió los difíciles términos de acceso a la información ante la negativa de autoridades para resolver casos como el de la periodista Regina Martínez, obstruyendo la investigación. El derecho a la información está prácticamente mutilado, por actuaciones herméticas con que las autoridades custodian los datos. Procesos colmados de irregularidades, distracciones e intimidaciones que evitan esclarecer crímenes de esta naturaleza. Concluyendo con la necesidad de un sistema transparente que evidencie los procesos de justicia para la preservación de seguridad de la actividad periodística.
Zorayda Gallegos por su parte puntualizó la gravedad de las agresiones a las que ha sido sometidas Norma y las periodistas principalmente de los Estados o Municipios pequeños que son más vulnerables por la intolerancia ante la crítica y transparencia de la información por las que trabajan los medios. Repasó algunas de las agresiones y retos de las que son objeto las periodistas a diferencia de sus compañeros hombres. En el caso de las redes virtuales los ataques desde el anonimato que permite un tono más alto llegando incluso a las amenazas de muerte que buscan silenciar y amedrentar en las que mencionó:
“Hay una carga muy distinta, un odio indescriptible […] relacionados a nuestra condición de mujer. Se nos trata de ridiculizar, se meten incluso con nuestra apariencia. Compañeras en donde les han montado campañas por WhatsApp con fotografías incluso íntimas”.
Mientras que, en las propias redacciones, continúan conductas machistas normalizadas desde antaño, como las malas condiciones laborales con una precarización laboral y la innegable brecha salarial. La pelea interna por demostrar y presentar más argumentos a diferencia de los compañeros varones en un intento de convencer de la capacidad profesional y el encasillamiento en temas amables “por qué las mujeres son más sensibles”.
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“A mí me ha tocado cubrir temas de crimen organizado, lavado de dinero y todavía hay comentarios en esos temas en donde les sorprende que una mujer pueda tener el dominio y el conocimiento de poder sacar adelante investigaciones tan delicadas que están más relacionadas a que las cubran los hombres”.
Sandra Romandía, cerró el Seminario con tres ejes rectores; el primero que cuestiona la brecha salarial entre hombres y mujeres que se han podido revelar gracias a la sororidad entre las mismas mujeres del gremio.
Las pocas oportunidades laborales reflejadas en las cifras actuales donde solo entre el 5 y 10% de los medios de comunicación en México son dirigidos por mujeres lo que ocasiona una apabullante mayoría de hombres que generalmente no tienen un enfoque de género y por lo tanto son temas que quedan fuera.
La segunda es la facilidad para denostar el trabajo de las periodistas que obedecen a las tradiciones machistas continuando con la normalización de poner en tela de juicio condiciones personales o morales en donde aún prevalece el ataque de la obtención de privilegios por favores sexuales, exposición de vida íntima e incluso sus preferencias sexuales. Y la tercera y más grave la falta de seguridad, libertades y derechos básicos para desarrollar el oficio del periodismo. En un contexto de impunidad en un país donde el 90% de los casos no se resuelven y eso permite que las mujeres sean doblemente agredidas.
