Una copia legible de la comparecencia de Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con número FED/SEIDF/UNA-CHIA/0001522/2018 ante el agente del Ministerio Público Mario Bulmaro Fonseca Barrera, describe con lujo de detalles la forma en que operó la denominada “Estafa maestra”.
En esencia, Zebadúa narra cómo, presuntamente por instrucciones del entonces titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray caso, bajo el programa “Cruzada Nacional contra el hambre” se “dispuso de recursos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país además de actos proselitistas o compra de votos” por un monto de mil millones de pesos.
El esquema descrito por el ex colaborador de Rosario Robles, conocido por lo menos desde 2017 derivado de los trabajos de periodismo de investigación de Animal Político, sólo confirma lo que ya sabemos: se utilizó a universidades públicas para subcontratar a empresas específicas para que dichos recursos fueran lavados.
Desde un inicio el esquema de desvío fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el propio Zebadúa lo confirma “me consta que María del Rosario Robles Berlanga, recibió y conoció las observaciones de irregularidades que realizó la Auditoria superior de la Federación, con respecto a la modalidad de contratación denominada “Convenios de Colaboración” con entidades públicas”, entregando copia de dichos documentos a la Representación social. Pareciera que la arrogancia y costumbre de impunidad no preocupó a estos funcionarios para esconder sus huellas documentales.
En fojas subsiguientes, Zebadúa afirma que “La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaría para dos fines políticos: (i) campañas de promoción de la figura del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en búsqueda de posicionarse para la candidatura presidencial 2018; y, (iii) para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017”.
Esta última afirmación resulta reveladora en vista que el objetivo que se buscaba lograr con estos recursos se modificó en el contexto de la sucesión presidencial. Toda vez que de un “brigadeo” y “organización social” originales se pasó a financiar a un aspirante presidencial abiertamente enfrentado con Luis Videgaray. El destino del dinero es revelado por Zebadúa: el consultor político Juan Carlos Limón y su empresa Estrategia Política. También se direccionar recursos para el pago de predios aledaños al NAIM en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, conocidos como “Tlateles” o el “Moño”.
El río de dinero, sin embargo, no logró reverdecer el páramo político del PRI ni de sus aspirantes presidenciales. En efecto, en 2012 el PRI tuvo 212 diputados federales, tres años después y a pesar de estar activo el proyecto de desvío de recursos se obtuvieron 203 legisladores. En 2016 se perdieron las gubernaturas de Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz a pesar del dinero presuntamente canalizado. El Estado de México, al año siguiente, sólo se salvó con los poco más de 150 mil votos del Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Encuentro Social. Por otro lado, la pretensión de promoción de la figura presidencial, habría sido otro de los fracasos del sexenio pasado.
El desvío de dinero sencillamente no logró los objetivos planteados. ¿Traiciones políticas? ¿Robo del desvío? A la “Estafa maestra” le aplica la sabiduría popular mexicana con el dicho “lo que mal empieza mal acaba”.
Juzgue usted.
