El senador Ricardo Monreal, jefe de la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara Alta, presentó una iniciativa de ley para regular la actuación de las empresas de prestación de servicios que “tienen como principal propósito permitir a los usuarios publicar material en la plataforma para su difusión”, citando como ejemplos a Facebook, Twitter e Instagram entre otras.
El diagnóstico establece que “se han ido haciendo públicos una diversidad de casos respecto de los cuales ha sido censurado el contenido que circula en las redes sociales, sin que las causas de ello obedezcan a regulación alguno, sino sustancialmente a las políticas internas de cada red social, las cuales varía desde luego según el interés del prestador del servicio”. Esta situación resulta políticamente relevante porque, citando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representan un “espacio público de deliberación política”.
Sorprende que un partido cuyo posicionamiento mediático durante el sexenio pasado fue posible a través del uso intensivo y extensivo de las “benditas redes”, de repente busque dar un giro de 180 grados a la situación. Si bien recientemente se observó un altercado (21 de enero) cuando Twitter limitó algunas cuentas que promovían contenidos afines al gobierno, dicha situación no ha impactado en los niveles de aceptación ciudadana de la figura presidencial, de acuerdo con los últimos estudios de opinión. No obstante, el hecho se incluye en la iniciativa en los siguientes términos:
No debe pasar inadvertido para esta Soberanía, que las redes sociales ejercen un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión. Sobre la libertad de expresión, puesto que, por medio de sus “términos y condiciones del servicio” se auto imputan la facultad de suspender o eliminar contenidos.
A pesar de un robusto estudio introductorio y justificatorio, la iniciativa queda irónicamente corta porque al final prescribe, para evitar ser “autoritaria”, que “sean los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos” y que “dicho procedimiento se regule en ley, con el fin de que derivado de la determinación de los autorizados proceda un recurso administrativo o judicial”. Todo ello ya viene ocurriendo, baste recordar algunos efectos de la denominada “Ley Olimpia” sobre la difusión no autorizada de contenidos sexuales.
El verdadero tema, mencionado en la introducción, es sobre el lenguaje de odio y el “discurso protegido y no protegido” según criterios de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Para ser una legislación eficaz, los senadores mexicanos debieron abordar el espinoso tema, porque son los diversos discursos de odio que en las sociedades contemporáneas están incitando la división y encono que lleva a la baja credibilidad institucional, a un debate público de bajo nivel cuando no estéril y, en última instancia, a la inestabilidad social.
No es un tema sencillo, puesto que se plantearía cuestionar si términos coloquiales como “chairo”, “chayotero”, o frases como “le muerdes la mano al que te quitó el bozal”, “prensa sicaria”, son si quiera susceptibles de regulación legal.
O ¿A caso estamos ante una sofisticada estrategia política para mantener la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, principal instrumentador de la ley en caso de aprobarse? ¿Una legislación de esta naturaleza perdería legitimidad si en última instancia es implementada por una dependencia de gobierno, como la Secretaría de la Función Pública?
Juzgue usted
