El 22 de octubre salió a la luz pública una carta suscrita por 42 legisladores norteamericanos dirigida al presidente Donald Trump denunciando al gobierno de México. La queja gira en torno a la errática política de energía que para los inversionistas “pone en riesgo las inversiones y el acceso al mercado socavando el espíritu del T-MEC”. El “trato regulatorio preferente” a Pemex y la CFE va en contra de un mercado integrado de energía en América del Norte que tiene el potencial de beneficiar a las industrias energéticas norteamericanas, sus trabajadores y también a “los consumidores norteamericanos.
Los legisladores afirman estar “profundamente preocupados” porque las acciones del gobierno de México “demuestran un patrón de obstrucción” y le urgen al mandatario norteamericano “encontrar una resolución” con su contraparte mexicana para “mantener las actuales condiciones de mercado estipuladas” en la reforma energética de 2014.
Encabezan la lista de legisladores, el senador John Cornyn de Texas, uno de los coordinadores de la bancada republicana en el Senado norteamericano. Otros legisladores firmantes son el republicano proTrump Bill Cassidy, de Luisiana, y el precandidato presidencial republicano Ted Cruz de Texas.
La misiva revela que, tras dos años de ningunear a los críticos locales, el gobierno de México ahora tendrá que lidiar con EU, no sólo en materia de seguridad, ahora también en el sector energético. Son malas noticias para una administración que ha hecho de la displicencia del marco jurídico un eje discursivo en aras de convencer sobre una imaginaria “independencia energética”.
Desde Nava, Coahuila, el presidente López Obrador contestó a los legisladores norteamericanos que “La CFE producía toda la energía eléctrica que se consumía en México, sin embargo, con la política neoliberal, empezaron a engañar, a decir que si no se privatizaba la industria eléctrica nos íbamos a quedar sin luz” y que en el T-MEC “en el capítulo de energía, solo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto y soberano de México para decidir en materia de política energética en conformidad con la letra y el espíritu del Artículo 27 de la Constitución”. El remate del primer mandatario podría quedar para la historia: a él “no le paga Repsol”.
La respuesta presidencial pasa por alto (¿por culpa de sus asesores?), en primer lugar, que el capital norteamericano, vía JP Morgan, en la española Repsol es de apenas el 6.85%. Parece no advertir que la protesta de EU es por la falta de garantías jurídicas para las inversiones ya realizadas. Ello no contraviene el espíritu constitucional mexicano, el problema es hacerles perdedizos miles de millones de dólares de inversión en infraestructura a las petroleras y gaseras con sede en Texas y Luisiana. Como cualquier litigante sabe, menospreciar lo que estipula la ley puede acarrear funestas consecuencias. Hasta no ser derogada la reforma energética, y, aun así, las inversiones extranjeras en México cuentan con protección jurídica. Pensar que la palabra presidencial se encuentra por encima de la ley es generar un ambiente de encono con el vecino del norte que simplemente no le conviene al país.
Lejos de los resultados soñados y muy cerca de un conflicto de alto costo con EU, el gobierno de México enfrenta un 2021, que se vislumbra cada vez más complejo por la cantidad y profundidad de problemáticas, con cada vez menos recursos disponibles y un apoyo político en evaporación.
La política es el arte del disimulo, habrá que ver si a la par del discurso dirigido a los mexicanos, no se hacen contactos del más alto nivel en Washington DC para atizar la situación y, en última instancia, evitar sanciones en el marco del T-MEC en caso de pérdidas de capital.
Juzgue usted.
