¿Cuánto pagan los gobiernos de América Latina cada año por llevar a cabo diagnósticos sobre la situación social y económica que prevalece en la región desde hace al menos 20 años? La falta de información al respecto no nos lo permite saber, pero es un hecho que estos análisis no rinden frutos, en tanto las cosas están igual o peor, incluso eliminando la variable Covid-19:

-220 millones de pobres tiene América Latina.

-25% de la población es indígena y afrodescendiente y vive con grandes carencias.

-70 millones de pobres están en situación de indigencia.

-30 millones de latinoamericanos se encuentran catalogados como migrantes.

-37% de los homicidios registrados en el planeta ocurren en Latinoamérica.

-170 millones de niños tomaban clases en aulas improvisadas antes de la pandemia Covid-19.

– 6.21% es la tasa de crecimiento anual del índice de desarrollo del ecosistema digital en América Latina y el Caribe, la más baja entre países emergentes.

-La tasa de desocupación es del 10.6% en Latinoamérica.

-37 millones de personas carecen de acceso a agua potable, y casi 110 millones no tienen acceso a saneamiento.

La lista es interminable, y cada año podemos “actualizarla”, pero lo relevante es que los diagnósticos por los que tanto pagan, por ejemplo, congresistas de Latinoamérica a sus asesores o a despachos de renombre mundial, no se traducen en acciones efectivas, favorables. Pareciera hasta conveniente que las cosas sigan igual para algunos.

La necesidad de darle mayor valor a los accionables, estrategias de desarrollo o políticas públicas, como se les quiera nombrar, es urgente, una vez que los diagnósticos que en las últimas décadas han estado atados a los proyectos que cada gobierno electo impulsa, y que en sociedades tan corruptas, como las latinoamericanas, se ha prestado presumiblemente para desviar recursos, no han tenido resultados. 

La latinoamericana es una sociedad con muchas dolencias y es urgente atenderla, no solo porque son impostergables, sino porque mientras los rezagos se mantienen y profundizan, otras regiones avanzan más rápidamente en la resolución de sus problemas y acortan la brecha con los países en desarrollo, en un contexto de una Cuarta Revolución Industrial voraz, que podría marginar a América Latina aún más.

Una analogía con lo que pasó con las vacunas para combatir Covid-19 vine muy bien a propósito de este tema: Desarrollar una vacuna lleva alrededor de 8 años, pero la situación de urgencia llevó a desarrollarla en tan solo meses. De no haber sido así y continuar durante años en estudios y análisis, el impacto en enfermos y muertos hubiera sido más catastrófico de lo que ya lo es. Latinoamérica requiere no perder más tiempo.