Durante y posterior a jornadas tan importantes como el 25 de noviembre o el 8 de marzo, en las discusiones familiares y redes sociales nos vemos atrapados en un (falsa) oposición de posturas: quienes apoyan las manifestaciones emprendidas por mujeres en las calles con todo y sus excesos, y quienes tildan tales acciones como incongruentes por ser actos que reproducen lo que intentan combatir. Esta oposición se lleva a tal extremo que se termina discutiendo sobre el valor y la “culpa” de las paredes, los cristales, las banquetas, los monumentos… ¿Es así de simple, sólo tenemos dos opciones: o bien usamos la violencia para protestar contra la violencia, ¿o bien tratamos de ser “congruentes” y rechazamos todo tipo de violencia? Siempre que en cuestiones que nos exigen tomar una postura nos encontremos con únicamente dos opciones que se excluyen mutuamente, debemos escuchar a nuestras intuiciones, tal vez estemos entrampados en un falso dilema. Veamos:

La condena a todo tipo de violencia supone que podemos –y debemos– elegir una posición en donde no haya violencia, esto es, en donde ningún tipo de derecho sea transgredido (ni el público ni el privado). Los problemas surgen cuando nos preguntamos por las condiciones necesarias para que eso sea posible. Inmediatamente pensamos en las leyes y las instituciones como mecanismos objetivos, legítimos y democráticos. Y es aquí cuando topamos con pared: tales mecanismos los tenemos desde hace decenios, y cuando éstos muestran limitaciones lo que se propone y hace es instaurar más dispositivos legales. Sin embargo, lo que aquí no se aborda es que el propio sistema jurídico está limitado por una decisión que, a su vez, no es jurídica, sino política (la decisión de hacer cumplir, o no, la ley; todo esto bajo el amparo de grupos que detentan el poder). No hay un observador-juez último que nos garantice el acceso a la propia ley. Sin ese campo anómico no se puede explicar el 99% de impunidad que impera en nuestro país.

Parece ser que estamos atrapados en la disyuntiva de realizar manifestaciones violentas como resultado de la impotencia –mismas manifestaciones que al final del día buscan la efectividad del sistema jurídico–, o elegir más legalismo para suturar las fisuras de nuestro sistema de justicia. Hasta el día de hoy conocemos las consecuencias de cualquiera de las dos opciones: en México sigue siendo un peligro ser mujer. 

Sin embargo, hay una tercera opción, hay manera de salir de esa falsa dicotomía. El activismo cotidiano, organizado, paciente y sostenido por parte de todas las partes interesadas en generar condiciones nuevas podrá imponer un límite a la inercia impune que parece tener vida propia y ser anónima (nadie se hace responsable). Tal activismo no precisa de armas ni de salir a hacer pintas todos los días; se trata, más bien, del trabajo de la comunicación, la lectura, la escritura, la generación de lazos comunitarios, del rompimiento de la indiferencia frente a quienes nos son extraños. Esto no ha de ser el fin, sino el inicio para pensar en otras formas de subjetivación, de dejar de ver al Otro como un objeto del cual podemos servirnos a nuestro capricho. Para tal opción hemos de empezar por cada uno de nosotros, por cuestionar nuestras propias inercias y presuposiciones que orientan nuestro trato con los demás (“deconstrucción”, le llaman algunas feministas).