En el texto anterior formulé una invitación pública para reflexionar sobre como enfrentamos, atendemos y resolvemos el desbordamiento de la violencia y la fragilidad del Estado de Derecho. Agradezco a quienes me compartieron sus cavilaciones o determinaciones.
Entrando en materia, la creciente e intensa etapa de violencia en nuestro país tiene diferentes causas y se manifiesta de variadas formas, y lo que estoy intentando abordar y subrayar en estas y en las anteriores líneas, es que la no observancia o incumplimiento de la ley constituye una de sus causalidades más importantes, por lo que constituye un asunto de prioridad nacional el fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho en el país.
¿Qué me motiva a insistir y a intervenir en esto? pues porque mi país, su país, nuestro país, trágicamente ya no es un espacio seguro para nadie, ya ninguno está a salvo, ni quienes viajan en vehículos blindados resguardados por escoltas, recuérdese lo que le sucedió hace meses al jefe de la policía de la CDMX.
México ha dejado de ser un lugar seguro, sobre todo para las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes, y también está bajo ese riesgo el patrimonio de los ciudadanos, sea el de pequeños, medianos y grandes empresarios, o hasta el de los comerciantes ambulantes, o el de los transportistas, etc., incluyendo los hogares de cientos de miles de mexicanos.
En el diagnóstico sobre este estado de cosas, uno de los señalamientos más frecuentes, serios y sólidos es que el sistema de procuración e impartición de justicia, es lento, inoperante, poco profesional y corrupto, o está al servicio de otras causas, menos a que la ley impere.
Lo anterior está más que demostrado con espantosas, crueles y cínicas evidencias, desde el doloroso peregrinar de las madres y familiares de desaparecidos, que con firmeza y dolor transitan por todo el país buscando restos de sus familiares y aún en el territorio narco, sin ningún apoyo de la autoridad, antes al contrario son tratadas con recelo o rechazo; hasta los bochornosos, grotescos e indignantes casos, tanto del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como del ex colaborador del peñato, Emilio Lozoya Austin, quien, aún con siete denuncias relacionadas a desvío de recursos, corrupción y lavado de dinero, no se le ve acongojado o desvalido en alguna prisión federal.
Y es que como se señaló en el Decálogo para la pacificación de México, por más grave que sea el delito, nuestro sistema de justicia es incapaz de establecer consecuencias.
Entonces desconfiamos y rechazamos a tales instituciones, pero no nos abocamos a su modificación integral, esperando quizás que las partidocracias, el gobierno en turno, el ejército, que ahora maneja hasta las finanzas del ISSSTE o un personaje mesiánico o mítico tal como Hércules, venga a limpiar dichos establos.
Considero que este ámbito requiere de ser transformado, como una condición urgente para el avance y consolidación de la democracia mexicana, de manera que se convierta en una realidad para todos los habitantes, el derecho a nuestra integridad personal y patrimonial.
Pero esto también exige a las y los ciudadanos un cambio radical de actitud frente a la ley: necesitamos obedecerla y respetarla convencidos de que de esta forma contribuiremos al bienestar común, porque este tiene la preferencia. Cabe recordar que en 2017, para celebrar los 100 años de la Constitución, la UNAM publicó los resultados de una encuesta en la que uno de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan.
