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EL TOPO

José Antonio García Gallegos

José Antonio García Gallegos

José Antonio García Gallegos, Antropólogo Social, Universidad Iberoamericana, México. Asesor Legislativo, con experiencia en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

 

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Twitter: @josomx11

No trates a aquellos como deseamos que no traten a los nuestros

Las decenas de miles de migrantes centroamericanos y de otras latitudes, que desde hace poco años se movilizan de forma masiva a través de las llamadas caravanas, no pretenden invadir nuestro país ni tomar posesión de nuestro patrimonio; transitan por el territorio nacional porque desean ingresar a los EUA, para encontrar condiciones de vida diametralmente diferentes a las que viven en sus naciones, regiones y comunidades, fracturadas por desastres medioambientales y crisis sociales, políticas y económicas.

Cabe aclarar que durante décadas, la forma tradicional de movilización de los transmigrantes, consistió en desplazarse por México de forma individual o en pequeños grupos, para invisibilizarse o clandestinarse lo más posible, tanto de la autoridad gubernamental como de los pobladores, porque generalmente eran y siguen siendo sujetos de expoliación, vejación y depredación de parte de casi todo mundo, como del tendero que encarece el precio de sus mercancías, o el taxista que infla el costo de sus servicios, o la representación de la autoridad local que requería de favores sexuales, propina o gratificación para no encarcelarlos, porque, la ley mexicana, hasta hace alrededor de 10 años, establecía penas de varios años de cárcel para los migrantes no documentados, es decir, los ilegales, lo que podía convertir su tránsito por el territorio nacional en un verdadero calvario, probablemente de dimensiones similares al del entorno del que provienen, sobre todo en el caso de las mujeres, vulnerabilizadas por el género, por su pobreza y por su condición de ilegalidad.

Los transmigrantes centroamericanos no pretenden quedarse aquí, porque aunque pueda haber similitudes culturales como el idioma, les es menos atractivo que el país del norte en términos de oportunidades de empleo y niveles salariales, y porque en nuestro país encuentran -como se estableció en el párrafo anterior- contextos de carencia, pobreza, injusticia, desigualdad y violencia parecidos a los de sus países de origen y de los cuales vienen evitando o escapando.

El gobierno mexicano está obligado, tanto por señalamientos constitucionales como por compromisos y acuerdos internacionales, a atender y apoyar la vigencia de los derechos básicos de los transmigrantes, por lo menos en lo referente a que logren transitar por territorio nacional con respeto, seguridad y protección a su persona, y puedan permanecer de forma temporal mientras el gobierno norteamericano les otorga o niega el permiso de internamiento, en vez de reprimirlos, hostigarlos, estigmatizarlos y violentarlos, justificando tales acciones en aras a que de esta forma se les está protegiendo de lo que les puede acontecer en la frontera norte.

No les demos ese trato indigno e inhumano a los transmigrantes, así como deseamos o esperamos que el gobierno norteamericano no trate de dicha forma a nuestros connacionales en su territorio. No olvidemos que allá radican alrededor de 36 millones de paisanos de primera, segunda y tercera generación, de los cuales, aproximadamente 6 millones están en condición no documentada o ilegal. Así como lo están haciendo los transmigrantes centroamericanos, aquellos han abandonado sus núcleos familiares y comunitarios, buscando encontrar condiciones de vida totalmente diferentes a las de su terruño, convirtiéndose, sin habérselo planteado,  en factores importantes de la economía nacional y de la gobernanza social y política, con la masa creciente de remesas destinadas a sus familias. En 2020 ingresaron por dicho concepto 40,607md, equivalente a más de 875 mil millones de pesos, superando los ingresos por Inversión Extranjera Directa (IED), turismo internacional, así como por exportaciones petroleras y agroindustriales.

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