El proceso electoral que recién inicia y que culminará el próximo 6 de junio, nos exige participar en la revisión, análisis y discusión de las narrativas de los partidos políticos que participan en esta contienda, a fin de que tratemos de garantizar que sus propuestas de políticas públicas y de reformas legislativas, atiendan a las demandas e intereses de los ciudadanos y respondan a las prioridades y urgencias que presenta nuestro país, sobre todo en lo relativo a la problemática sanitaria, la crisis económica y la inseguridad pública.
Ante tal circunstancia, éste será el último texto, por ahora, que dedicaré al proyecto de ley para la regulación del uso y consumo de la marihuana, que permanece postergado en San Lázaro.
A raíz de que anteriormente explicité mi posición en favor de una regulación más amplia y precisa sobre la yerba citada, un estimado lector me indicó que acudiese a las afueras del Toxicológico de la CDMX, a preguntar a los mamás y los papás que están en espera de que salgan sus hijos e hijas de dicha institución, a la que posiblemente fueron ingresados por los efectos de una intoxicación aguda (o de un terrible pasón, en lenguaje coloquial) que si están o no de acuerdo en que se facilite el consumo lúdico o recreativo de la marihuana.
A este respecto me parece muy pertinente plantear mínimamente dos premisas:
1ª Las personas que presentan consumo problemático o adictivo de la marihuana o de cualquier otra sustancia psicoactiva, sea alcohol, tíner o fentanilo, requieren ser atendidas bajo un esquema de salud pública, el cual -precisamente- se pretende impulsar con esta ley en proceso, con la que el Estado estará obligado y facultado a actuar en mayor medida que en la actualidad, para impulsar tanto la prevención como la intervención oportuna, como el tratamiento y la recuperación y la rehabilitación de tal tipo de usuarios.
2ª Las personas adictas o dependientes a una sustancia psicoactiva, en este caso la marihuana, lo son y posiblemente lo seguirán siendo pese a las prohibiciones, limitaciones y represión judicial y moral para la obtención de la misma y, aunque se enfrenten o sufran por la criminalización, estigmatización y prejuicios sobre su situación; por lo anterior resulta mucho más positivo desactivar estos paradigmas punitivos y creencias erróneas que justifican y sustentan este cruel e injusto estado de cosas y que además restringen los derechos fundamentales, no nada más de este tipo de consumidor, sino en general para toda persona que desee utilizarla para fines recreativos o medicinales.
El proyecto presenta otras aparentes ventajas, tales como el funcionamiento de asociaciones de usuarios que podrán contar con espacios específicos, domicilio social y autorización para el consumo de la marihuana. Sin embargo, las personas que las integren deberán obtener un permiso oficial para consumir en dichos lugares.
Esto no hace sino reproducir el patrón de criminalización y de desigualdad sutil hacia tales usuarios, además de que facilitará la corrupción y el hostigamiento hacia este sector de parte del aparato de procuración e impartición de justicia.
Acaso los adultos que ingresan a un bar o una cantina para ingerir alcohol están registrado en un padrón nacional de usuarios? Por qué estos no y aquéllos sí? Son más negativos y problemáticos los usuarios de marihuana que los consumidores de alcohol?
Por ello resulta urgente e indispensable revisar, analizar y discutir las propuestas de políticas públicas y reformas legislativas que circularán en esta campaña electoral, para evitar, entre otros propósitos, que estén sustentadas en estereotipos y prejuicios, como los presentados en este texto.
