Hace varias semanas, los mexicanos celebramos el aniversario del inicio de la independencia política de la nación, gritando, comiendo, bailando y varios gerundios más, por lo que espero que el gozo y el jolgorio no se nos hayan ido al pozo, sino que nos motiven a profundizar en el análisis de la realidad actual de nuestra patria y de las definiciones de su devenir, del cual todos somos responsables, no nada más los gobernantes y los políticos profesionales.
Al respecto, uno de los asuntos más importantes que en términos de la economía política ha ocurrido en estos días, es que el Poder Ejecutivo, es decir la Presidencia de la República ha presentado a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo, para que ésta, de acuerdo a las facultades que le establece el artículo 74 fracción IV de la Constitución, lo apruebe, previo examen, discusión y, en su caso, modificación de dicho proyecto.
De acuerdo a lo anterior, los diputados están obligados a ejercer una severa revisión y valoración del gasto y de la inversión que proyecta hacer el gobierno federal, teniendo en cuenta o en primer término, tal como se enunció líneas arriba, la atención y satisfacción de las necesidades colectivas.
Cabe recordar que durante la época del priato, o de la dictadura perfecta (Vargas Llosa dixit) lo más frecuente es que los diputados avalaban el presupuesto sin moverle una coma, y que a cambio lograsen la aprobación de partidas para la realización de obras en sus distritos, municipios o entidades y obtuviesen por ello gratificaciones por parte de las constructoras, lo cual fue denominado como moches.
Será ahora distinto? En los dos años anteriores (2021 y 2022, excluyendo el 2019 porque aún correspondió parte sustancial de la responsabilidad al gobierno peñanietista) los legisladores no efectuaron cambios esenciales a los proyectos de presupuestos de egresos enviados por el Ejecutivo, pese a las demandas de la oposición y de organizaciones productivas y de la sociedad civil, que clamaron y han seguido reclamando mayores recursos para rubros fundamentales en materia de salud, educación e inversión para el campo, o la permanencia de programas significativos como el de estancias infantiles y el seguro popular, pero como respuesta solo han recibido epítetos tales como conservadores o que quieren regresar a la época de los moches.
La nueva aplanadora parlamentaria, integrada por los partidos que encabeza Morena, ha aprobado el financiamiento e impulso de nuevos programas asistenciales de la política social, así como de las grandes obras del régimen como el aeropuerto Felipe Angeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y lo más probable es que para el 22 actúe con esa lógica.
Ante tal perspectiva, es urgente que los diputados no nada más discutan y analicen el contenido del PEF al interior de sus grupos parlamentarios, sino que inviten y convoquen a sus electores a reuniones, foros, talleres y encuentros, para conocer los contenidos más importantes del documento, así como las propuestas de modificación y la argumentación correspondiente.
Para el año venidero, se propone o estima contar con un presupuesto de alrededor de 7 billones de pesos y es fundamental que todas y todos sepamos y opinemos a donde se destinarán tales recursos.
Por ejemplo, el PEF plantea un ínfimo incremento de sólo el 0.3 % para las instituciones educativas de nivel superior más importantes del país, como la UNAM, el COLMEX, la Universidad Pedagógica y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, mientras que a la Universidad del Ejército y Fuerza 2022 se le otorga un incremento del 5.5 %. Por qué de esa injusta, desproporcionada y hasta descabellada distribución?
