En este texto y los subsecuentes trataré de hacer un acercamiento (breve como el tamaño de nuestros escritos, pero no por ello menos intenso y profundo) al tema del consumo de la marihuana en nuestro país, sus significantes en diversos ámbitos como el social, político, económico, judicial y de salud pública y el último intento por mejorar o aumentar la regulación del mercado y usos de la misma, el cual quedó pendiente de ser dictaminado (es decir, de ser revisado, analizado, aprobado, modificado o rechazado) en San Lázaro. Nos referimos al proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis (LFRC) y diversas modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que le remitió el Senado hacia finales de noviembre y será incluido en la agenda legislativa hasta febrero del año entrante.
La LFCR tiene como su primer objetivo la regulación del uso del cannabis y sus derivados, bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible, así como prevenir y combatir las consecuencias del consumo problemático del cannabis psicoactivo y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico.
El enunciado anterior pareciera ser mucho muy trascendente en un país como el nuestro, en donde la falta o debilidad de las normas para regular la producción, trasiego, comercialización y consumo de la marihuana, mota o yerba:
- Ha provocado miles de muertes y desaparecidos desde hace ya varias décadas: se estima que, desde el año de 2006 a la fecha, ha habido 275 mil fallecidos, de los que 30 mil corresponden al 2019.
- Ha creado organizaciones criminales con enorme poder económico, político y social que rebasan, subordinan o presionan a los diferentes órdenes de gobierno y dislocan la gobernanza, la paz social, las actividades económicas y el estado de derecho: al respecto, sólo nos basta con recordar la bochornosa e indignante no detención de uno de los hijos del Chapo, en Culiacán, Sin., el año pasado.
- Ha alterado las relaciones sociales y productivas en cientos de comunidades campesinas e indígenas, desplazando cultivos básicos y tradicionales y expulsado a familias y comunidades de sus lugares de origen.
- Ha modificado el tejido familiar de miles de hogares en zonas rurales y urbanas, al incorporar tanto mujeres como hombres de diversas edades, pero sobre todo jóvenes, a actividades de gran riesgo o de alta letalidad como el sicariato y la distribución (mulas).
- Ha contribuido a que los usuarios, con consumo recreativo o lúdico o con consumo nocivo, problemático o adictivo, sean tratados y estigmatizados como delincuentes y no como ciudadanos en ejercicio de sus derechos fundamentales, y
- En consecuencia, miles, sí, miles de adolescentes y jóvenes se encuentren incriminados por el delito de narcomenudeo simple, es decir, por portar de 5 a 100 gramos de marihuana. Al respecto, el proyecto de ley plantea que una persona pueda poseer hasta 28 gramos y si rebasa dicha cantidad hasta los 200 gramos, será sancionado de forma económica pero no penal.
Antes de concluir con este primer texto, advierto y enfatizo que abordo este asunto como otros, con mente abierta y actitud propositiva, antes de que este escribiente sea calificado como posible portavoz de los consumidores de la yerba o como un enconado defensor de las buenas costumbres.
