En textos anteriores he enfatizado la importancia de promover la cultura de la legalidad en todos los sectores de la población y en los diferentes niveles del Estado mexicano, para fortalecer el sistema democrático y lograr la erradicación o decremento (por lo menos) de la violencia, la corrupción y la impunidad.
Para acometer tal tarea, considero que quienes deben estar en la primera línea de su impulso y cumplimiento deben ser los gobernantes, los políticos y los servidores públicos. Su ejemplo y congruencia con lo que establecen las leyes y la ética, pueden contribuir más que los discursos, los exhortos y las conferencias, tal como reza un viejo proverbio: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
Al respecto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7, dice que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
En estos días, la realidad nos ha aportado un claro ejemplo de lo que para nada abona a la cultura de la legalidad, que contradice lo asentado en el artículo citado en el párrafo anterior y que también constituye una muestra de las franjas de ilegalidad e impunidad que prevalecen en el país, pese a los alegatos en contrario.
Una de las personas involucradas en la investigación periodística denominada Pandora Papers es un senador coahuilense y poderoso empresario del carbón, quien expresó ante el equipo responsable de la indagación, que omitió registrar en su declaración patrimonial (la cual está obligado a presentar como senador) la nada despreciable cantidad de 28 millones de dólares, así como ingresos anuales por 600 mil dólares, debido a que se atontó en el asunto de la Declaranet (plataforma gubernamental para tales obligaciones)y en consecuencia sus contadores se equivocaron en el llenado de la declaración patrimonial.
Cómo se pueden calificar tales conductas? ¿Desfachatez, descaro, desvergüenza? ¿Cómo se atreve a justificar el incumplimiento de su obligación administrativa a causa de su atontamiento? ¿Y la Contraloría Interna del Senado? ¿Y la Secretaría de la Función Pública?
Darnos explicaciones o declaraciones como las anteriores inducen a pensar que -entre otras cosas- personajes como el susodicho pretenden tratar como tontos (el diccionario de la Real Academia Española indica que se dice de una persona que es falta o escasa de entendimiento o de razón) a los ciudadanos que votan por ellos, o que coloquialmente hablando, les dan atole con el dedo.
Cabe señalar que, para mostrar aún más la irracionalidad e incongruencia del senador aludido, hace varias semanas demandó públicamente que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a las universidades autónomas, incluyendo a la UNAM, acerca del manejo de los fondos federales y locales que las financian; ante lo cual es válido preguntarse con qué solidez moral o ética se atreve el mencionado a plantear tal exigencia. Bien lo asienta el proverbio: el león cree que todos son de su condición.
No obstante lo anterior, la ciudadanía y sus organizaciones requieren redoblar esfuerzos para enseñarnos a vivir en el cumplimiento de la legalidad, y obligar a los gobernantes y servidores públicos a que se conduzcan de dicha forma, sólo así, contribuiremos a combatir la impunidad y la desigualdad, que constituyen profundos y añejos problemas de la sociedad y del Estado mexicano.
