Este periódico digital que me honra con su hospitalidad, manifestó públicamente el pasado 1 de septiembre del año en curso, que busca acercarse y allegar información y contenidos a una ciudadanía más consciente y participativa, caracterizándola también como crítica, informada y actualizada.
Al integrarme a este espacio y a este colectivo periodístico, asumo plenamente los planteamientos citados y para tales efectos seré consecuente, tanto por ética personal como por la trascendencia de la tarea aludida.
Nuestro país, nuestra comunidad, requieren de ciudadanas y de ciudadanos que se conduzcan, comporten y actúen con madurez en la vida pública, es decir, en los asuntos y temas que nos competen o incumben a todas y a todos.
Al hablar de madurez, estoy considerando a mexicanas y mexicanos que cuentan con el criterio, conocimiento y discernimiento para intervenir en la esfera de lo público con responsabilidad y tolerancia, tanto para ejercer sus derechos como sus obligaciones.
Contar con una ciudadanía (conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación) con dichas características es una labor indispensable que compete tanto al gobierno y sus instituciones como a la sociedad y a sus organizaciones y comunidades como la que conformamos en El Capitalino.mx, para garantizar, tanto el funcionamiento cabal de nuestra democracia y la vigencia de las garantías individuales y sociales que están plasmadas en la Constitución, como el impedimento a la aparición de gobiernos con tentaciones autoritarias o represoras.
Sin embargo, aún existen millones de compatriotas con serios obstáculos para ejercer plenamente su ciudadanía, es decir, que se enfrentan cotidianamente a graves dificultades de diversa índole para practicar sus derechos y obligaciones cívicas. La violencia que altera y depreda en buena parte del territorio nacional, la pobreza extrema y la desigualdad social que afectan a importantes sectores de la población, la inoperancia e ineficiencia del aparato de procuración y aplicación de justicia y estructuras políticas de corte caciquil, corporativo o clientelar que aún prevalecen en regiones urbanas y rurales del país, constituyen cuatro de los actuales enemigos de la democracia y de la construcción de ciudadanía.
Al escribir estas líneas, trato de imaginarme la vida cotidiana y la fragilidad o desaparición progresiva de derechos como el de propiedad, el de reunión y el de movilidad de los habitantes de ciertos sectores del Centro Histórico de la Ciudad de México o de localidades como Celaya, Guanajuato, por señalar dos significativos ejemplos, afectados gravemente por la presencia de grupos del crimen organizado que secuestran, extorsionan y cobran derecho de piso entre otros delitos, y cuya solución no radica en abrazos y chanclazos maternos, ni en la ejecución sumaria de sus sicarios.
Los planteamientos descritos en el párrafo anterior conducen a reflexionar sobre la vinculación e interdependencia fundamental entre ciudadanía, democracia y estado de derecho, así como de la urgente, sí, urgente necesidad de su comprensión profunda por parte de gobernantes y de gobernados.
