Después del paquete de apoyos económicos para la pandemia, la más ambiciosa reforma del presidente Joe Biden en los Estados Unidos es la propuesta para modernizar las regulaciones migratorias. No se trata sólo de desmantelar las medidas cavernícolas, nacionalistas y racistas de Donald Trump en la materia, sino de modernizar un sistema jurídico e institucional que todos en el país aceptan que no funciona desde hace decenios y está rebasado por la realidad. 

Ya anteriormente Biden había detenido la asignación de fondos para el inútil muro fronterizo, y declarado terminada la emergencia con México que llevó a estacionar a centroamericanos en las ciudades mexicanas de la frontera.

La ambiciosa reforma se presenta, por ahora, en un paquete legislativo (se llevó al Congreso el 18 de febrero), con el objetivo principal de regularizar a 11 millones de indocumentados que ya están en los EE. UU. (el proceso tomaría 8 años). Según otras fuentes son 10.4 millones; incluyen más de 800 mil de DACA, es decir, hijos de indocumentados que nacieron en los Estados Unidos, que estudiaron allá, que ya tienen empleos, y que Trump quería sacar del país. No lo dejó la Suprema Corte.

Otros objetivos son: apoyar a los países de Centroamérica con 4 mmd en 4 años; modernizar los controles fronterizos con tecnología e infraestructura, incluyendo el escaneo de vehículos, barcos y trenes en todos los puertos de entrada. También procesar mejor y más rápidamente a los solicitantes de asilo, lo cual implica más recursos para los juzgados migratorios, actualmente rebasados; mantener unidas a las familias de migrantes separadas por la política de Trump; proteger a los menores en custodia; terminar con la amenaza de reducir fondos federales a las ciudades que trataban de forma humanitaria a los migrantes, evitando que fueran deportados en cualquier momento. Y levantar la prohibición de aceptar migrantes de países musulmanes. Nada menos.

Los 11 millones de indocumentados que están allá representan aproximadamente el 5% de la fuerza de trabajo del país, y pagan impuestos sin estar en capacidad de recibir servicios, por ejemplo, de salud. De ellos, la mitad son mexicanos.

Todo lo anterior no excluye que se siga persiguiendo criminales que llevan cabo contrabandos diversos, principalmente de drogas y de indocumentados.

En los veinte años recientes, desde Clinton, las medidas migratorias que han sido aplicadas en el país han ido en el sentido represivo: reforzar las fronteras y elevar considerablemente el número de miembros de la Patrulla Fronteriza, otorgar más recursos para ICE (Seguridad fronteriza), construir centros de detención para indocumentados y detectarlos en el interior del país con el objetivo de deportarlos.

Con todo, distintos analistas de la política norteamericana consideran que será muy difícil aprobar esta reforma en su conjunto, tanto por la fuerza de la derecha republicana como por la frágil mayoría de los demócratas en el Senado. En efecto, están en 50-50 votos y pueden ganar votaciones empatadas con el voto de la Vicepresidenta, pero el mecanismo del filibuster (obstruir las discusiones para evitar la aprobación de una iniciativa) sólo se puede remediar con 60 votos en el Senado. Es decir que le faltan 10 votos al gobierno para aprobar iniciativas complejas.

Para superar este escollo, los demócratas probablemente fragmentarán la reforma en distintas iniciativas de ley. Por ejemplo, legalizar a trabajadores especializados, modernizar los controles fronterizos, autorizar a trabajadores agrícolas que ya están en los EE. UU. (son cerca de un millón de personas; muchos de ellos están con visas temporales) y legalizar a los dreamers, todo por separado, intentando captar votos republicanos.

La legalización de indocumentados es una medida que apoyaría la recuperación de la economía del país: se necesitan trabajadores jóvenes para sustituir a los Baby Boomers que se están retirando. Después de los extremos trumpianos, algunas encuestas muestran apoyo a estas medidas en la opinión pública. Pero el camino es complejo: incluso hay algunos demócratas que se oponen a parte de las reformas. No será un día de campo.