No bien concluía este tecleador el más reciente texto sobre la militarización de la seguridad pública y su ineficacia para resolver la violencia, y al norte del país sucedía un hecho terrible y lamentable que comprobaba lo que recién se afirmó en el escrito. En horas de la madrugada del 16 de febrero, decenas de hombres con armas de alto poder y en un impresionante convoy (alrededor de 20 vehículos) entraron a la ciudad de Caborca, Son., desatando una balacera que duró más de 6 horas, y en la cual fueron asesinados 4 personas y 9 más fueron secuestrados.
¿Sabe usted cuánto tardó en intervenir la Guardia Nacional, cuyo cuartel se ubica a tan sólo 13 minutos del centro del poblado? ¡Alrededor de 2 horas! ¡Recáspita!, como se decía en los cómics de mi infancia. Igual de sorprendente e insólito es el que el convoy sicario haya ingresado y transitado por el poblado sin ser descubierto.
Lo que se vivió en Caborca no es extraño ni nuevo para sus habitantes, ya que en años pasados han vivido infiernos parecidos, generados por la presencia y disputa del territorio por varios grupos criminales. Para darnos una idea del nivel de violencia y muerte que ahí se registra, la tasa de homicidios es 5 veces superior a la nacional y 2 veces más que la estatal.
Transformar este letal y terrible escenario parecería imposible o una tarea de titanes; sin embargo, sí es posible, entre otras cosas, si, además de impulsar la inclusión social en el desarrollo y la reducción de la pobreza, se abandona tanto la militarización de la policía o la policiación de las fuerzas armadas, como la normalización de su presencia en las calles mediante el discurso demagógico e irresponsable de que es pueblo uniformado.
Antes de que quien esto escribe sea tildado de traidor por emitir críticas al actuar del régimen en esta materia como en otras, traeré a colación lo que al respecto ha expresado Amnistía Internacional, que recientemente (agosto 2021) externó su preocupación por el enfoque militarista de la seguridad pública, tal como lo hicieron los dos gobiernos que antecedieron al actual, indicando también que se han detonado las quejas por violaciones graves a los derechos humanos, urgiendo al gobierno federal a que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
Resulta profundamente contradictorio que un gobierno que se dice del pueblo, para el pueblo y con el pueblo no confíe en las iniciativas, capacidades e instituciones locales, sino al contrario, las abandona y menosprecia, centralizando la toma de decisiones y el control y manejo de los recursos en el Poder Ejecutivo Federal. ¿Qué acaso los policías de las corporaciones estatales y municipales no son parte del pueblo uniformado?
La situación es tan crítica y desgarradora en algunos Estados del país, que ya empiezan a surgir iniciativas y convocatorias para armar al pueblo y que de esta forma se autodefienda de los grupos criminales. Un diputado federal de Zacatecas, perteneciente al partido oficialista, expresó que llamará a que los pobladores de su Estado tomen las armas, si no se resuelve el clima de violencia que propició que por lo menos 14 comunidades fuesen desplazadas. El edil de Jerez, Zac., donde se ubican las localidades más afectadas, resumió de forma dolorosa lo que acontece en su municipio: en provincia se está sufriendo, aquí en Jerez se está sufriendo.
Pero eso es secundario, el país puede seguir ardiendo, mientras el gobernante se confronta con el gobierno austríaco por no prestar el penacho de Moctezuma, o condena y anatemiza a Loret o Aristegui.
