En el marco de la oportuna controversia generada entre el Poder Judicial de la Federación y el Lic. Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, se ponen en evidencia interéses de carácter político-electoral que ponen en riesgo la autonomía e indecencia del Poder Judicial, principios jurídico-constitucionales, tratados internacionales y acuerdos medio ambientales.
Ante las contundentes declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del otorgamiento de 11 nuevas medidas cautelares (suspensiones provisionales) otorgadas por el Juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza López Figueroa, como consecuencia de la presentación de múltiples juicios de amparo promovidos por diversas empresas afectadas (quejosas), las criticadas medidas cautelares, dejan sin efecto las recientes reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que limitan la participación del sector privado nacional y extranjero en materia de energía eléctrica, fomentando prácticas monopólicas, creando atribuciones preferenciales para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) circunstancia que vulnera la concurrencia y libre competencia en el sector eléctrico.
Cabe mencionar que el juzgador federal, resolvió otorgar las 11 medidas cautelaras provisionales, bajo la libertad de interpretación y un criterio jurídico autónomo en términos de los artículos 1o, 5o, 128 y 143 de la ley de amparo y art. 14 y 16 de nuestra constitución, mismo criterio jurídico que hizo valer su homólogo del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión, Juan Pablo Gómez Fierro, suspensiones provisionales que en términos del artículo 95 de la ley de amparo, han sido impugnadas por la Secretaría de Energía, a través de dos recursos de queja presentados en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la información contenida en el expediente de dos de los juicios de amparo interpuestos por las empresas Zuma Energía y Eoliatec del Pacífico.
Es de vital importancia aclarar que el recurso de queja deberá ser resuelto por un tribunal colegiado, instancia superior a los juzgados de distrito, aclarando que el tribunal tiene un término de 15 días para resolver la solicitud de queja, pero en esta ocasión deberá dictar su resolución antes de que el Juez Segundo de Distrito, resuelva otorgar o negar el amparo y protección de la justicia federal (suspensión definitiva) circunstancia que se definirá este jueves, previo desahogo de la audiencia constitucional.
Las fuertes criticadas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con las resoluciones de los jueces federales y la posibilidad de que sea presentada una acción de inconstitucionalidad, recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía constitucional; ya que en términos del artículo 105 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede declarar la inconstitucionalidad de las reformas a la ley de la Industria Eléctrica, y en ese contexto expresó la posibilidad de impulsar una reforma constitucional con la finalidad de garantizar la implementación de la nueva ley de la Industria Eléctrica.
Vale la pena reflexionar sobre la maquiavélica estrategia con la que ha construido una «Cortina de Humo» mejor conocida como la “Caja China” que ha distraído el interés de la opinión pública nacional e internacional, dejando fuera de la agenda nacional los negativos resultados en materia de salud, educación , crecimiento económico, las alarmantes cifras en materia de feminicidios, violencia de género, trata de personas, secuestro, extorsión, y narcotráfico, constantes actos de autoridad que vulneran derechos humanos, las históricas cifras de muertes por Covid-19, la fallida estrategia de vacunación, actos de prepotencia política e indiferencia de género, imponiendo candidatos imputados(acusados) por presuntos delitos de naturaleza sexual(violación y abuso sexual) las preocupantes cifras de desempleo, corrupción, injusticia e impunidad, la cancelación de millonarios proyectos de inversión y la quiebra de cientos de empresas que no han sobrevivido a las fallidas políticas públicas que generan incertidumbre y desconfianza en materia económico financiera.
En conclusión, podemos afirmar que somos testigos de un capítulo de más de la serie «Política Ficción» en el contexto de la 4a transformación.
