Hoy 1 de diciembre se cumplen los primeros dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin que haya crecimiento económico.

En campaña, el ahora mandatario prometió crecer por arriba del 4% anual, además de atraer inversión extranjera.

Por la pandemia, por las malas decisiones económicas, el primer año decrecimos 1% y este segundo año llevamos 18 puntos abajo.

Pero lo que ha crecido desmesuradamente es el asesinato de periodistas y activistas de derechos humanos: 10 periodistas ultimados en 2019 y 7 más en 2020, un total de 17 periodistas en el centro y norte del país, según datos de Articulo 19.

También 30 defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en los últimos 23 meses, sin que hasta ahora haya detención de autores materiales o intelectuales de los homicidios.

Es decir, más de un activista asesinado por mes en un sexenio en donde el Presidente de la República se comprometió a proteger a los defensores de Derechos Humanos.

En el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, fueron asesinados en total de 47 periodistas en todo el país.

Creíamos que había sido un sexenio negro para el gremio periodístico, sobre todo en estados como Veracruz o Tamaulipas, por citar ejemplos.

Pero en los primeros 23 meses de la Presidencia de López Obrador ya llevamos 17 colegas ultimados y pareciera que la muerte tiene permiso en el país.

Para colmo, desaparecieron los fideicomisos, dentro de los cuales estaba el fondo para el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque por ley no debiera desaparecer.

Por eso, urge reactivar no sólo protocolos de seguridad para periodistas amenazados, sino destinar presupuesto para proveer de protección y vigilancia a quienes han interpuesto denuncias por amenazas.

No es posible que en este nuevo sexenio haya un récord más alto de periodistas ultimados que en el pasado sexenio priista, en donde todos sabíamos que había más impunidad y corrupción.

No es posible que haya 30 activistas de Derechos Humanos y Ambientales caídos, sin que se enciendan los focos rojos en Presidencia de la República.

Urge que la secretaría de Gobernación haga algo, para no pasar a la historia como el sexenio más negro y sangriento para periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Aún estamos a tiempo, quedan cuatro años de una transformación que no se ve llegar, pero que tampoco debería dejar una estela de periodistas y activistas asesinados, callados a lo largo del país.

Qué tal eso.