Deber dinero no es un problema en sí mismo, ya que el crédito utilizado correctamente puede facilitar y fortalecer el crecimiento de buenos proyectos, pero deber más dinero del que se produce incumpliendo sistemáticamente las obligaciones, es la antesala de la quiebra.
La palabra bancarrota tiene su origen en el asiento que usaban los prestamistas venecianos en la antigüedad, y que rompían cuando se quedaban sin recursos, lo cual debían hacer como muestra pública de no poder cumplir con sus compromisos. Con el tiempo, el uso del vocablo se amplió para ser utilizado indistintamente en todas las actividades comerciales en las que alguna persona caía en insolvencia.
Perder un negocio por acumular deudas, no solamente representa un problema económico de sumas y restas entre activos y pasivos, supone enormes dificultades frente a clientes, proveedores, trabajadores y evidentemente con las autoridades fiscales y de seguridad social, lo cual puede quebrar los ánimos y la fortaleza de un emprendedor que no logra enfocar su energía a la adecuada gestión y crecimiento de sus proyectos. Los problemas legales y la incertidumbre suelen romper la tranquilidad y terminan fracturando el ingenio y la creatividad de quienes arriesgan su capital y deciden aventurarse a emprender.
Uno de los primeros mecanismos para evitar la propagación del Covid-19, ha sido el confinamiento y consecuente cierre de muchos espacios públicos y privados para evitar el hacinamiento y contagio, pero esta medida sanitaria ya reportó sus primeros efectos secundarios adversos en diversos ámbitos, algunos de los cuales han sido letales para muchos empresarios.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), tienen una gran importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional. Según datos del INEGI, representan el segmento que aporta el mayor número de empleos, aunque suelen mantener su actividad con un reducido flujo de efectivo, dificultades crediticias y en ciertos casos insuficiente o nula capacidad de ahorro, lo cual las vuelve francamente vulnerables. Ante la dimensión de la pandemia, su fragilidad ha quedado al descubierto y negocios que fueron viables por años, hoy están devastados.
Aún y cuando el gobierno federal y los gobiernos de los estados presentaron algunos programas con los cuáles pretendían justificar el apoyo a estos sectores, los esquemas fueron tardíos e insuficientes. Los microcréditos no permitirán afrontar las dificultades que acechan a una gran cantidad de negocios, generando una ola expansiva de desempleo y disminución del consumo, cuyos efectos aún no podemos dimensionar.
Algunos comercios e industrias simplemente han cerrado sus puertas y otros serán objeto de procesos legales, donde seguramente un sector importante enfrentará Concursos Mercantiles, procedimiento universal al que se somete a un comerciante cuando incumple generalizadamente el pago de sus obligaciones. Aún y cuando la finalidad es conservar a las empresas mediante convenios de pago con sus acreedores, si esto no es posible, el procedimiento determina la venta de la empresa, sus unidades o los bienes que la integran para hacer pago a los acreedores, es decir su quiebra.
Es urgente reactivar y fortalecer la economía desde la base de las MIPyMES que se han mantenido a flote y fomentar la creación de otras que logren emerger, ya que la epidemia continúa y sus efectos negativos se extenderán por un largo periodo de tiempo. Los incentivos fiscales, el aplazamiento de pago de impuestos, la condonación de multas y recargos, los programas de mejoras regulatorias y de la administración pública, el acceso a mayores y mejores créditos y un plan para incentivar compras públicas a MIPyMES pueden ser algunas de las medidas que den oxígeno a un sector tan importante como vulnerable.
Cuando el Presidente se opone a considerar prioritarios los programas de apoyo a empresas ante los efectos de la pandemia, lo hace concibiendo erróneamente a un sector privilegiado y acaudalado que no merece mayor atención y que deberá resolver estos dilemas con sus propios recursos, soportando las cargas laborales y fiscales, frente a clientes y proveedores, o en su perjuicio y -aparentemente- sin mayor interés o efecto para el gobierno y para la economía del país… terminar en la banca rota.
