México pasará de ser uno de los países más avanzados y ejemplo de lucha contra el cambio climático, a ser uno de los más retrógradas y amplio contribuyente a la contaminación, a las emisiones de gases de efecto invernadero y con mayor tasa de deforestación en el mundo.
Sin una política ambiental definida, lo cual se demuestra con tres secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales en dos años, el país es observado muy de cerca por todo el mundo pues podría incumplir con sus metas establecidas en el Acuerdo de París. ¡Vamos, ni siquiera alcanzaría los objetivos inicialmente planteados, ya no se diga los de una supuesta mayor ambición!
En dos años se dio marcha atrás a una reforma energética que apuntalaba el uso de las energías limpias, para retroceder a la época de las cavernas al usar carbón y combustóleo para generar electricidad, todo con tal de favorecer a los amigos senadores que controlan las minas de carbón en el norte del país.
En dos años también, se deforestaron bosques de manglares en Tabasco para instalar una refinería, aún a sabiendas de que la zona está destinada a inundarse conforme aumente el nivel del mar, de acuerdo con las predicciones de los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, se pretende revivir a otras refinerías para producir gasolinas, cuando es de todos sabido que el crudo que produce México no es apto para eso, y que resulta más barato comprarlas en los Estados Unidos. A cambio, cada día habrá más personas muertas de enfermedades respiratorias agravadas por la contaminación, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que en su mayoría serán menores de edad y adultos mayores.
Pero las cosas no paran ahí: hay dos megaproyectos de trenes, el llamado “Maya” y el “Transístmico”, que van a devastar los ecosistemas de la selva maya y de la Sierra Madre del Sur, porque no se trata solamente de tirar vías por acá y por allá, sino de crear nuevas comunidades, zonas comerciales y turísticas que cambiarán el modus vivendi de las zonas, expulsando a los actuales habitantes o reduciéndolos a trabajos de mozos, sirvientes o jardineros.
“Polos de desarrollo” llaman a esas nuevas comunidades que protagonizarán un ecocidio y, muy posiblemente, un etnocidio, a más de desaparecer los usos y costumbres de las culturas ancestrales sólo por satisfacer los intereses comerciales de los aliados, llámense Estados Unidos, China. Carlos Slim, Alfonso Romo o cualquier de los otros muchos personajes que gozan de los favores del gobierno de la Cuarta Transformación, al grado que las obras se entregan sin licitación (por invitación, dicen), sin consultas legales a los pueblos originarios y sin manifestaciones de impacto ambiental.
Mientras tanto, se siguen cerrando las puertas a las inversiones en energías limpias, como la solar y la eólica, y se amenaza a las organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos y ambientales, razón por la cual tampoco se ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que busca su protección. En México se registraron en 2019 las muertes de 18 activistas, colocando al país en el cuarto lugar mundial de agresiones a defensores de derechos humanos y ambientales (Global Witness).
A todo lo anterior se suma la agroindustria, con la introducción de semillas transgénicas, como en el caso del algodón, y el uso indiscriminado del glifosato, un herbicida cuyo uso se prohibió en muchos países debido a sus efectos cancerígenos, y que en México provocó un choque entre los secretarios de Medio Ambiente y el de Agricultura, atestiguado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, lo cual seguramente precipitó la salida “por cuestiones de salud” de Víctor Manuel Toledo.
Y la lista sigue y seguirá hasta convertir a México en el país antiambiental por excelencia.
