Las actitudes del presidente de los Estados Unidos Mexicanos hacia los afectados por las inundaciones en el sureste dejan ver dos cosas: su desdén hacia la gente humilde, hacia la gente indígena, a los pueblos originarios, y su afán de «mandar al diablo a las instituciones”, aún a costa de la vida de las personas.
Independientemente de que las lluvias pusieron de su parte al registrarse en mayor abundancia, debido principalmente a los efectos del cambio climático (lo cual también era sabido por los expertos que manejan la información meteorológica), lo cierto es que la mayor parte de la tragedia que se vive en Tabasco fue ocasionada por malas decisiones, negligentes, violando el principio precautorio.
El principio precautorio o principio de precaución hace referencia al conjunto de medidas de protección que se adoptan ante una situación en la que existe un riesgo, científicamente posible pero incierto, de infligir un daño a la salud pública o al medio ambiente. En el caso de la presa “Peñitas”, se sabía el daño que podría causar su desfogue en las tierras bajas, ocupadas por gente humilde, por indígenas chontales. Pueblo originario, pues.
Cuando se toma una decisión de esa magnitud, debe avisarse a la población para que se ponga bajo resguardo o, en su defecto, evacuarla hasta que se normalice la situación, dotándola de lo necesario para su supervivencia. Ninguna de las dos cosas se hizo y ya vemos las consecuencias.
Sin embargo, esas decisiones no se toman de la noche a la mañana, como quiere dar a entender el Primer Mandatario. Para eso hay un Comité de Grandes Presas que sesiona mensualmente en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se supone que los expertos tratan estos casos y determinan las acciones a seguir.
Pero tal vez aquí también se cambió a los expertos, a los técnicos, por gente “honesta” y “leal”, que obedece ciegamente las indicaciones de quien suponen es dueño de la verdad absoluta: la de él. No se consultó a los técnicos -o se hizo caso omiso de sus recomendaciones- y ya vemos el desastre causado.
Pero faltaba lo peor: el presidente sólo acudió al lugar hasta pasados siete días, pero ¡ni siquiera bajó del helicóptero! Regresaría siete días después “a supervisar” pero, ¡otra vez!, lo hizo desde uno de los albergues, y le prepararon una escenografía con soldados, reporteros y su cuerpo de seguridad, para que pareciera que estaba entre el “pueblo bueno”.
¿Meterse al agua, hablar con los afectados y acercarse a ellos? ¡Ni pensarlo! Tenía cosas más importantes que hacer, como ir a su rancho a disfrutar en familia su cumpleaños.
En las imágenes que su equipo de comunicación dio a conocer, se aprecia que el “recorrido” es lejos de la gente, aislado por los militares y su equipo de seguridad; alejado de las protestas de sus paisanos, quienes se sienten traicionados por quien les aseguró que les van a dar diez mil pesos para que rehagan sus casas y su vida.
Y luego, fiel ejemplo del gobierno humanista de la 4T, la directora de la Conagua, Blanca Jiménez, espetó a los afectados que “ni modo, aquí les tocó vivir y tienen que adaptarse”, escabullendo la mala decisión tomada al desfogar la presa, que ella avaló. En buen castellano, jódanse, les dijo.
El colofón fue el mensaje que el presidente López grabó a bordo de un helicóptero de la Marina, en el cual reconoce que su gobierno inundó deliberadamente las comunidades chontales, las más pobres de Tabasco, para no inundar la capital Villahermosa… cuando el 8 de noviembre respondió que todo lo que se decía al respecto eran “rumores” y “desinformación”.
Con esta confesión, aumentan las acciones por las cuales podrían formularse acusaciones por el ejercicio indebido de la función pública y, en el caso particular de Tabasco, hasta por homicidio culposo contra quien resultara responsable en el gobierno federal.
¿Las inundaciones en Chiapas, Yucatán y Veracruz, donde también ha habido afectados y hasta muertos? Mejor ni hablamos, porque para el presidente no existen.
