Al entrar al popularmente conocido como “puente Guadalupe-Reyes”, la contienda política entre el régimen de la Cuarta Transformación (4T) y el sector privado entró en una fase que pudiera verse como empate técnico, aunque en realidad sea una tregua decembrina para evitar más complicaciones al enrarecido ambiente nacional. Así es como puede verse la propuesta de posponer hasta febrero la iniciativa de reforma a la regularización del outsourcing, y la aprobación en la Cámara de Diputados del tope a las comisiones de las Afores, proceso que continuará en el Senado.
El pasar hasta febrero la aprobación “definitiva” del mecanismo neoliberal que facultó al empresariado a pasar por encima de la Carta Magna en lo relativo al derecho fundamental de los trabajadores a tener un salario digno y condiciones labores justas, fue justificado por los participantes en el acuerdo firmado entre el presidente López Obrador y los representantes de los sectores obrero y empresarial, como un medio para seguir analizando los procesos necesarios para adaptarse a los requerimientos de la reforma.
Sólo tres de los doce organismos que se agrupan en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se oponen abiertamente a la reforma tal como la presentó el Ejecutivo: La Coparmex, la Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Ni que decir tiene que se trata de una maniobra política interna sin repercusión en la estrategia de clase de la cúpula oligárquica. Esta no acepta perder un privilegio que favoreció sus ganancias como ningún otro beneficio derivado del neoliberalismo.
Los organismos empresariales deben suponer que la posposición hasta febrero será un lapso que les dará posibilidades de presionar con más fuerza al Presidente. Le apuestan a que los problemas derivados por el agudizamiento de la pandemia, como es previsible, lo habrán de debilitar políticamente. Más aún cuando él mismo reitera su postura de menosprecio a la oposición, a la que califica de “no muy fuerte” y que actúa “por la vía pacífica”. No podrían hacerlo de otro modo, pues no cuentan con la organización para actuar de modo diferente.
Pero sí puede hacerlo con tácticas y estrategias que le dan mejores resultados, como la de aprovechar toda oportunidad que les deja el Mandatario para ejercer su labor de zapa de manera “institucional”. Es el caso con la posposición de la reforma a la regulación del outsourcing, y el tope a las comisiones de las Afores sin afectar la operación que favorece un lesivo, injusto e inhumano manejo de las pensiones de los trabajadores, también legado del neoliberalismo.
Está visto que a lo más que puede aspirar el presidente López Obrador es forzar acuerdos con la cúpula empresarial, sin que pierdan sus prebendas conseguidas en las últimas cuatro décadas, y que le permitan controlar el descontento de los trabajadores sin tener que recurrir al uso de la fuerza como en el pasado. Esto es así y lo seguirá siendo mientras no haya voluntad política de su parte de ir más lejos. Su propuesta, como se ven las cosas, es un Estado mexicano con “neoliberalismo de rostro humano”.
Se trata de una utopía que él considera posible, como se advierte por su decisión de no favorecer la formación de un partido de masas que sirviera de escudo a los pasos hacia adelante en su tarea gubernativa, fundamentales para que haya un verdadero Estado de derecho en México. Mientras tanto, las presiones de los conservadores irán en aumento, hasta ser una oposición a la que el mandatario no podría minimizar ni decir que “no hay nada que temer, no tenemos una oposición muy fuerte”.
La realidad es que el tiempo está en contra de la 4T. Para los conservadores es un gran aliado, y lo será más en la medida que no se consolide la formación de un pueblo comprometido con los cambios que prometió y que aún espera sigan adelante. Y falta lo peor, pues el año 2021 pondrá a prueba la voluntad del Presidente de actuar en favor de su proyecto prometido, o de plano conformarse con apuntalar un neoliberalismo de “rostro humano”, en el mejor de los casos.
