La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), presentada a la Cámara de Diputados por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 29 de enero, ha generado un gran número de reacciones a nivel nacional e internacional, casi todas ellas negativas, al considerar que atenta contra la calidad de vida de generaciones presentes y futuras al fomentar un modelo eléctrico cuya implementación favorece mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuyos impactos en la salud y en el ambiente están científicamente comprobados.
La más reciente reacción proviene de una serie de organizaciones sociales y ciudadanos, quienes manifiestan su preocupación y hacen un llamado a los legisladores para que tomen en cuenta varas consideraciones en la discusión de la iniciativa.
- La Iniciativa pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano. Al relegar el despacho de los proyectos de energías renovables y favorecer a las hidroeléctricas y a las centrales más contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que generan electricidad a partir de carbón o combustóleo, se favorecen proyectos que generan emisiones de gases con comprobados efectos en a) la salud, como enfermedades y trastornos respiratorios por efecto del material particulado, y b) en el ambiente, pues los GEI son la principal causa del cambio climático y algunos de ellos contribuyen a la contaminación atmosférica.
- La Iniciativa profundiza la pobreza energética. Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país donde más del 30 por ciento de los hogares sufre algún tipo de pobreza energética, el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo para lograr que más personas dispongan de la energía a precios más accesibles. Las energías renovables, además de coadyuvar a que México alcance sus metas climáticas, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía.
- La Iniciativa del Ejecutivo federal aleja a México del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático. Representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NCD por sus siglas en inglés), que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. Eito, porque a) relega la operación de las plantas de generación renovable; b) modifica el mecanismo de los Certificados de Energía Limpia (CEL), dejando sin incentivos a la introducción de nuevos proyectos de energía renovable, y c) de acuerdo con su Plan de Negocios 2021-2025, la CFE estableció relegar la implementación de cualquier proyecto de renovables hasta 2027.
- La Iniciativa ignora criterios constitucionales que debe seguir el Sistema Eléctrico Nacional. Por efecto de esta reforma, los proyectos de energías renovables son relegados al amparo del supuesto cumplimiento de un criterio de “confiabilidad” y se hace caso omiso al criterio de “sustentabilidad”, como lo mandatan la Constituciónn Polética y la propia LIE. A fin de cumplir a cabalidad con los preceptos constitucionales, se debe atender también la sustentabilidad del desarrollo.
Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que ha descubierto la COVID-19 (cuyos efectos agrava la contaminación ambiental, por cierto), existe la necesidad de reconstruir las economías de los países con medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo.
Hoy gran parte de los países han sido más ambiciosos en sus reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y apuntan a ser neutrales en carbono para 2050.
La iniciativa mexicana nos lleva en sentido opuesto a la reconstrucción basada en la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias.
El Gobierno debería estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para una transición energética justa y con enfoque de derechos humanos, pero definitivamente, la 4T avanza en contra de México, de los mexicanos y hasta del mundo entero en materia ambiental.
