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Grave que se use el brazo penal del Estado: Lorenzo Córdova

por | Ene 13, 2022

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello lamentó la presión que se ejerce al órgano electoral a través de denuncias penales.

En México y en el mundo es un fenómeno muy preocupante, todos los órganos electorales en el mundo estamos sujetos a una lógica de descalificación”, dijo.

Consideró que lo más grave es que se use el brazo penal del Estado en contra de quien piensa diferente y agregó que las denuncias penales en contra de consejeras y consejeros del INE por haber votado un acuerdo dentro de sus atribuciones, se encuentran abiertas.

Córdova Vianello puntualizó que “una vez que alguien cruza esa línea y activa el brazo penal del Estado contra los servidores públicos, éste no se detiene hasta que la Fiscalía no cierre las carpetas de investigación y hoy esas carpetas están abiertas, gozan de cabal salud y se están haciendo indagatorias. Lo cual habla, insisto, de un acoso adicional a órganos de control que resultan incómodos”.

El pasado 23 de diciembre del 2021 se conoció de la denuncia penal que el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso contra seis consejeras y consejeros del INE por haber aprobado un acuerdo mediante el cual se posponían algunas actividades de la Revocación de Mandato, en tanto se resolvía la situación presupuestal para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana.

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Aunque posteriormente el Presidente de la Cámara señaló que se desistiría de dicha denuncia, hasta el momento no se conoce ningún documento que dé garantías sobre una acción que revierta dichas investigaciones.

Cuando no existe una auténtica garantía para la libertad de prensa, cuando los órganos de control no pueden ejercer su trabajo por presiones, el arreglo en el que se sustenta el pacto democrático se encuentra en riesgo”, advirtió el Consejero Presidente.

Lo preocupante, dijo, es cuando se activa el brazo penal del Estado contra los servidores públicos, “pidiendo cárcel para quien como funcionario no piensa como él, pues claramente está rompiéndose una de las bases fundamentales de la convivencia democrática, se está cruzando esa frontera que en democracia es infranqueable, es decir, utilizar el brazo penal con fines políticos”.

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