Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), propuso ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al artículo 20 Fracción X de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto luego del proceso electoral del pasado 6 de junio de 2021.
“Ha sido el más violento de las dos últimas décadas y arrojó un saldo de 90 asesinatos y 693 agresiones contra políticos y candidatos de ambos géneros, sin embargo, un informe del Instituto Nacional Electoral (INE), señala que la mayor parte de las víctimas de esos delitos fueron tres grupos de mujeres: las candidatas a diputaciones federales, militantes de los partidos políticos y candidatas a presidentas municipales”.
Agregó que dicha propuesta es en nombre de las mujeres que tuvieron el valor y la convicción de creer en la democracia, desde la tribuna hizo un llamado al pueblo mexicano: “Ni una más; ya basta de violencia política en contra de las mujeres; nunca más un feminicidio en contra de las mexicanas que ejercen su derecho a votar y ser votadas”.
La representante de Oaxaca solicitó trabajar de forma unida entre instituciones de los tres órdenes, partidos políticos y la sociedad civil con el fin de realizar un cambio positivo para beneficio de los mexicanos.
“No desde un discurso de confrontación, de revancha o de venganza. No desde una tribuna mediática que siembra odio y polariza a las mexicanas y los mexicanos, sino desde un modelo de Estado más allá de ideologías o partidos políticos para escuchar y construir de la mano con todos los sectores de la sociedad”, señaló.
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Finalmente, indicó que la reforma al artículo 20 quedaría de la siguiente forma:
“Fracción X: Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer precandidata, candidata o en funciones y de sus familiares que justifiquen o pretendan justificar cualquier tipo de violencia política digital, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, así mismo causarle un daño moral y que con ello no participe, deje de participar o renuncie en la elección de un cargo de elección popular, a fin de afectar su dignidad personal, familiar y honorabilidad social, violentando así sus derechos humanos, políticos y electorales, con base en estereotipos de género”.
