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Fraude mexicano al Acuerdo de París

por | Feb 2, 2021

En graves problemas puede meterse el Gobierno de la 4T si se concreta la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pues estaría violando un buen número de convenios y tratados comerciales, además de que todo parece indicar que cometería fraude al simular cumplir con el acuerdo de París, sin realmente cumplir ni generar más energía limpia.

Explico: El presidente de los Estados Unidos Mexicanos envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión con cuatro temas para modificar la Ley de Industria Eléctrica. El Instituto Mexicano de la Competitividad (@IMCOMX) señala:

  1. El espíritu de la iniciativa de Ley de Industria Eléctrica es eliminar en los hechos el mercado eléctrico mayorista a partir de eliminar las señales de precio que hacen que ese mercado funcione. Cambiar el despacho para que primero salgan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implicaría más gastos a la CFE en el mediano plazo o aumento en las tarifas para los consumidores.
  2. Otorga Certificados de Energía Limpias (CEL) a las plantas viejas de CFE; otorgar CEL a plantas menos eficientes elimina el incentivo de comprar energía limpia, por lo que no se cumpliría con las metas ambientales.
  3. Elimina la obligación de la CFE de comprar por subasta o licitación para el Suministro Básico.
  4. Le da a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad de revocar permisos.

Preferente significa que se debe dictaminar obligatoriamente en este periodo de sesiones.

Víctor Ramírez C. (@vicfc7), vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, considera que la iniciativa que el presidente mandó «es terrible” y “tiene visos de no ser constitucional”.

¿Qué dice la iniciativa? El presidente insiste en recibir primero toda la energía generada por la CFE, aunque sea más caro, sucio y tenga tantas fallas; sólo después entrarían los privados, pese a que son hasta 75% mas baratos. Esto encarecerá todo.

¿Qué busca la iniciativa?

1. Que los derechos de generación estén supeditados a la planeación del gobierno, con lo que pasan a ser una concesión. La Constitución establece la libre concurrencia, por lo cual en este punto se estaría violando la Carta Magna.

2. Que los CEL no dependan de la propiedad de la central de generación ni de la fecha en que iniciaron operaciones. Esta es una herramienta para simular cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, sin generar más energía limpia. Se estaría constituyendo un fraude a un tratado internacional.

3. Eliminar la obligatoriedad de CFE SSB (el que vende la energía al usuario) de comprar en subastas. Ahora nos va a vender lo que quiera, sin importar que en subastas pueda ahorrar hasta 75 por ciento del costo.

Con esto, hará que el usuario deba pagar lo más caro y sucio a un monopolio, a no tener oportunidades de bajar los precios ni energía más barata.

El presidente busca evitar que los usuarios de la energía eléctrica puedan tener energía más barata y limpia.

4. Obligar a la Comisión Reguladora de Energía @CRE_Mexico a revocar los permisos de autoabastecimiento, con lo cual se viola el principio constitucional de la no retroactividad de la ley. El efecto económico será brutal para el país: encarecimiento y miles de empleos perdidos. Sí, sumados a los que se perdieron por la mala estrategia para combatir la pandemia del SARS-CoV-2.

Esto, porque van a rescindir a las empresas de autoabastecimiento -que generan cerca del 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)- los permisos para generar su propia energía, con lo que se verán obligadas a comprar a CFE mucho más caro, lo que reflejarán en sus productos. Esto encarecería todo tipo de productos, desde cemento hasta tortillas. Y, obvio, los que no puedan competir se irán del país. Esto, sin hablar de los litigios internacionales que enfrentará el país, los cuales de seguro perderá.

5. Quieren revisar de nuevo los contratos PIE y su legalidad, a pesar de que ya lo revisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (@SCJN) por una controversia que presentó Manuel Bartlett y perdió.

Finalmente, el decreto dice buscar la confiabilidad del sistema, pero la realidad es que no lo hará; no dice cómo y terminará por encarecer todo y generar pleitos y demandas millonarias al Estado Mexicano.

Ojalá el Congreso vea por el bienestar de los mexicanos y del propio país y frene esta iniciativa que daría una muy mala señal internacional y que pondría al país en riesgo de ser declarado non grato para las inversiones extranjera.

Al tiempo.

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