La SIP se ha proclamado en contra de la investigación que la FGR quiere realizar contra Mario Maldonado por atentar contra la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes la investigación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto contra el periodista Mario Maldonado, la cual califica de «contraria a la libertad de prensa».
Mediante un comunicado el organismo remarcó que el periodista podría ser acusado de espionaje, un delito federal que se sanciona con 12 años de presión, por haber difundido un audio que involucra al fiscal General mexicano, Alejandro Gertz Manero, y a un subalterno «en un tema de interés público».
La FGR inició investigaciones contra Maldonado por difundir en su cuenta de Twitter una grabación entre el Fiscal General y el subprocurador Juan Ramos, sobre supuestos acuerdos que aquel habría alcanzado con ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los acuerdos serían para que permanezca en la cárcel un miembro de la familia política del Fiscal General, acusado de asesinar a su hermano Federico Gertz. El audio también fue difundido en la mayoría de medios del país.
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El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «penalizar la publicación de información de interés público y periodístico, sobre todo cuando se trata de un funcionario de alto nivel, es un atentado contra la libertad de prensa». Canahuati, CEO del grupo Opsa, de Honduras, instó a la FGR a ponderar el caso y evitar que se convierta en un nefasto precedente y motivo de autocensura para el periodismo mexicano, ya golpeado por tanta violencia».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, consideró que se trata de «un caso de abuso de privilegios».
La SIP recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: «Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad». Además, la Declaración de Chapultepec consigna: «Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público».
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