En un hecho sin precedentes, la Ley Olimpia fue aplicada a un hombre en Tlaxcala. Se trata de Miguel Ángel N., quien fue vinculado a proceso por los delitos de violación a la intimidad sexual y violencia familiar. El juicio fue dictaminado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).
Es importante recordar que la Ley Olimpia se refiere a un conjunto de reformas que reconocen la violencia digital y sancionan los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Dicha ley explica que videograbar, audiograbar o fotografiar contenido sexual íntimo de una persona, así como exponerlo, distribuirlo, exhibirlo o reproducirlo sin su consentimiento, son conductas que atentan contra la intimidad sexual.
El caso que se le atribuye a Miguel Ángel N. pudo ser resulto gracias a las pruebas recolectadas por el Ministerio Público, mismas que permitieron al juez penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras proceder con la vinculación. Es ese mismo sentido, el juicio se convirtió en el primero en concretarse en la entidad desde que entraron en vigor las reformas al Código Penal, en diciembre del 2019.
Durante el litigio la víctima, María Guadalupe N., fue apoyada por el personal del CJM, institución que tiene como finalidad el convertirse en un lugar seguro para las mujeres que sean víctimas de violencia en el estado. Así mismo se informó que la resolución permitió otorgar las medidas cautelares respectivas a la parte perjudicada.
Ante el acontecimiento, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala aseguró que se mantiene trabajando con el objetivo de atender a víctimas de violencia y esclarecer los hechos con todo rigor científico y técnico, siempre cumpliendo con lo dictaminado por la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala.
Al respecto, se debe tener en cuenta que la sanción correspondiente a la acusación de la Ley Olimpia en Tlaxcala contempla de 3 a 5 años en prisión, así como una multa dictaminada por el juez.
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