Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, en 2018, las violaciones a los derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— continúan siendo estándar en las prácticas de las fuerzas de seguridad, y la mayoría de los delitos quedan impunes.
En su Informe Mundial 2022, sección México, la organización Human Rights Watch (HRW), señala que, la puesta en marcha de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento, totalmente ineficaces.
De igual manera, la organización internacional independiente, puntualiza que el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones forzadas.
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La FGR no ha puesto en práctica adecuadamente una reforma adoptada en 2018 para que los fiscales actúen con mayor independencia del gobierno y haya una mayor rendición de cuentas. Es importante recordar que, en 2021, el Congreso derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018.
Y si a lo anterior le sumamos que en la actualidad las Fuerzas Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina), están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias, el escenario de las violaciones a los derechos humanos se agudiza.
Apenas el pasado 26 de febrero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), interceptaron una camioneta en donde viajaban seis civiles, mientras circulaban por la colonia Manuel Cavazos; los jóvenes salían de un centro nocturno.
Después de que los militares les marcaran el alto, estos accionaron sus armas de fuego en contra del vehículo en el que viajaban los jóvenes, lo que derivó en que cinco de ellos murieran y sólo una sobreviviera.
Ejemplos como este hay muchos, es por ello que especialistas en seguridad, ONG’s, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otras, afirman que, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina, o la Guardia Nacional, cuentan con los conocimientos ni la capacitación para atender la seguridad de la ciudadanía.
Ahora, las violaciones a los derechos humanos no son exclusivos de las Fuerzas Armadas, la policía, en los tres órdenes de gobierno (Federal, estatal o municipal), también recurre a esta práctica en nuestro país.
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre desde la detención de las víctimas, que en muchos de los casos es arbitraria, hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público.
Las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.
Ante este escenario, el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo la segunda Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL), con el objetivo de contar con información estadística, no sólo de los procesos penales e internamiento de los detenidos, sino también de los abusos y violaciones a las que son sometidas estas personas.
De acuerdo con la ENPOL 2021, la población privada de la libertad en México durante ese año fue de 220,500 personas, en donde 94.3 por ciento (207,931) correspondía a hombres y el restante 5.7 por ciento (12,569), a mujeres, distribuida en 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal a lo largo y ancho del país.
Cabe destacar que, para la elaboración de la encuesta, se entrevistaron a 67,584 PPL mayores de 18 años de edad, procesada o sentenciada por delitos del fuero común o federal en 54 centros penitenciarios: 55,535 hombres y 12,049 mujeres,
Agresiones antes de llegar al Ministerio Público
En este sentido, el 64.5 por ciento (43,591) de los entrevistados, reportó haber sufrido algún tipo de violencia realizado o permitido por la policía o autoridad posterior a su detención, hasta ser presentado ante el Ministerio Público.
En tanto, el 45.8 por ciento (30,953) manifestó que se les mantuvo incomunicada o aislada; 39.2% (26,492), amenazada con levantarle cargos falsos; el 35.8% (24,195), recibió amenazas de daño físico; el 28.8% (19,464) denunció haber sido desvestida.
Muchos de los sujetos detenidos fueron expuestos a más de un tipo de violencia.
De la misma manera, 48.6 por ciento de las PPL (21,184), mencionó haber sufrido algún tipo de agresión física después de su detención; 38.4% recibieron patadas o puñetazos; 23%, fueron sometidas a asfixia o ahorcamiento; 21.7% fue atada; el 21.4% sufrió lesiones por aplastamiento; 21.3% fue golpeada con algún objeto; las PPL sometidas al ahogamiento alcanzó el 16.4%; descargas eléctricas, 12.5%; mientras que el 3.9% fue agredida sexualmente.
En el caso de las agresiones de índole sexual, el estudio denominado “Diagnóstico en Materia de Tortura y Malos Tratos”, elaborado en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Programa Universitario de Derechos Humanos, consigna que, en el caso de las mujeres, la violencia ejercida contra su persona son amenazas de violación, caricias indebidas, entre otras prácticas.
Es importante resaltar que todos los actos fueron permitidos por la policía o la autoridad después de la detención hasta antes de llegar al MP.
Agresiones en la oficina del Ministerio Pública
Pudiéramos pensar que los actos de violencia psicológicos pararían al llegar a la oficina del Ministerio Público, pero no es así; el 51.8 por ciento de los encuestados (35,008), manifestaron haber sido incomunicadas o aisladas en la agencia; 46.2% insultada; el 37.9% fue amenazada con levantarle cargos falsos; a 34.2% la desvistieron; al 22.9% lo amenazaron con matarlo; mientras al 22.7% le vendaron los ojos o cubrieron la cabeza para que no viera.
Con relación a las agresiones físicas, 28 por ciento (18,923) acotó que recibió patadas o puñetazos, a 18.1% le impidieron respirar; 17.5% fue atada; 13.6% fue violentada con ahogamiento; y 13.1% fue agredida con algún objeto. Todo ello por parte de las autoridades o con el consentimiento de éstas.
Situación de las mujeres recluidas
Del total de mujeres encuestadas en los centros penitenciarios de nuestro país (12,049), el 11 por ciento (1,325) recibió agresiones en la Agencia del MP, desde manoseos, exhibicionismo, intento de violación, hasta lesiones en los genitales o violación sexual.
Asimismo, se ha detectado que la violencia ejercida contra ellas se enfoca en el ámbito de lo sexual; además de las enumeradas anteriormente, también son objeto de las llamadas “pruebas de virginidad”, desnudos, revisiones exageradas, insultos, y humillaciones, y desafortunadamente, todos estos actos de vejación y degradación son realizados por instigación o aprobación de los funcionarios público.
Población LGBTI
Para la población LGBTI, los actos de tortura y malos tratos se magnifican, ya que no responden a los que socialmente se espera de cada uno y otro sexo en la sociedad. La violencia homofóbica y transfóbica tiende a caracterizarse por una especial brutalidad que, en algunos casos, deriva en asesinatos.
En este sentido, el “Diagnóstico en Materia de Tortura y Malos Tratos”,puntualiza que, es común que los particulares que infligen tortura o malos tratos a esas personas gocen de impunidad, debido a que el Estado incumple con sus obligaciones de prevenir y remediar las agresiones; perjudicando específicamente a las mujeres lesbianas y mujeres transgénero debido a las relaciones que se establecen en la comunidad y las familias, pudiendo ser susceptibles a “violaciones correctivas”.
Las personas LGBTI en detención —o personas percibidas como pertenecientes a este grupo—, se encuentran en una situación de vulnerabilidad particular, en riesgo de violaciones y abusos de los derechos humanos —incluso por parte de compañeros y compañeras detenidos/as en todo el sistema de justicia criminal.
