Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas (LGV) en 2013, el Estado mexicano está obligado a desarrollar una política nacional en beneficio de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, que además les ofrezca garantías de reparación, no repetición y acceso a la verdad y a la justicia.
Sin embargo, estas prerrogativas se han visto obstaculizadas en la última década por la nula coordinación entre las instituciones que deberían de mantener al SNAV en funcionamiento.
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Con el informe “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: una década de simulación”, Causa en Común da cuenta del abandono institucional y presupuestal al que se ha visto sujeta la CEAV, relegándola como una institución aislada e incapaz de cubrir las expectativas de atención y de reparación integral del cada vez más amplio y complejo universo de víctimas en el país.
Contrario a su propósito, la CEAV ha sido reducida a operar como una instancia carente de herramientas operativas suficientes para incidir en la definición de estrategias en favor de las víctimas y ausente en prácticamente todos los espacios para la definición de las estrategias de seguridad pública y procuración de justicia.
En ese sentido, resulta claro que los déficits presupuestales y de personal que padece, impiden a la CEAV operar como una institución funcional.
Causa en Común concluye este informe resaltando la importancia de dotar a la CEAV de capacidades presupuestales, humanas y técnicas suficientes para que pueda asumir sus labores de coordinación sobre el SNAV y así vigilar el desarrollo y la implementación de una verdadera política nacional para la atención y reparación integral a víctimas.
A su vez, es importante animar la discusión pública para que las víctimas y su agenda de derechos vuelvan a estar al centro de las estrategias de seguridad y procuración de justicia en el país.
