- Llaman a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos para hacerles llegar toda la información técnica.
“La democracia vive momentos cruciales: la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”.
Así lo señalaron en una rueda de prensa los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), donde también manifestaron su preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.
“A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al Instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”.
De acuerdo con los consejeros, “el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”; condiciones que -puntualizan los consejero-, se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha.
“Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones”, destacaron los integrantes del INE.
Asimismo, advirtieron que en el análisis de la reforma se observan deficiencias que ponen en peligro “la operación de los procesos electorales”.
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“Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.
Por todas estas razones, consideramos que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.
Hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones. En el INE reiteramos nuestra disposición a sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema que hoy tenemos.
De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución”.
Finalmente, los consejeros electorales manifestaron que serán empáticos con las acciones que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.
