Según la dependencia los recursos utilizados para sobornar a funcionarios panistas vienen de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de obtener contratos en México.
Se descartó a ex secretario de Hacienda Luis Videgaray de ejercer movimientos ilegales que provenían de partidas federales y empresas públicas de 10 millones de dólares previamente brindados por legisladores en el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética.
Emilio Lozoya quien presentó una denuncia en contra de Luis Videgaray que negoció esos recursos brindados.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) los recursos utilizados para sobornar a funcionarios panistas vienen de la constructora brasileña Odebrecht, con el fin de obtener contratos en México. En esta investigación se destacó que los sobornos dados a Luis Videgaray y el ex presidente Enrique Peña Nieto fueron proporcionados por la empresa brasileña los cuales fueron destinados una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.
Después se dice que fueron retirados para dárselos a Peña Nieto y Videgaray, quienes le dieron los recursos a ciertos legisladores como Lavalle por medio de el ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado.
En esta teoría presentada se tiene la hipótesis de que hubieron testigos de dichos sobornos hacia panistas, se dice que ellos son la ex administradora de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), Fabiola Tapia y el ex jefe de ayudantes de Lozoya, José Velasco. Esto se refuerza porque la Citapia en algún momento Odebrecht para la construcción de la refinería de Tula.
Entre el 2013 y 2014 se dice que Jorge Luis Lavalle probablemente recibió aproximadamente 97 millones 190 mil pesos para la aprobación de la reforma energética de las cuales se lavaron 52 millones 390 mil pesos. Se cree que el monto de sobornos que se recibió fue de 15 entregas.
Esta información se recaudó de diversas entrevistas realizadas a seis personas, concordando todas en la forma de llevar a cabo la distribución de dinero.
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Fungieron como testigos diversos empleados y ex trabajadores, entre ellos Rodrigo Arteaga su secretario particular Francisco Olascoaga y Norberto Gallardo miembro del Estado Mayor Presidencial y quien fue su jefe de escoltas.
Lavalle ha argumentado que la FGR usó pruebas ilegales en su contra, como el video donde se ve a Caraveo recibir una exuberante cantidad de dinero. El objetivo de esta acción era concretar la reforma constitucional en materia energética pero para obtener beneficio propio.
D.C.S.
