La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, y la gobernadora en la entidad, Evelyn Salgado Pineda, sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de construir, en el estado de Guerrero, acuerdos que garanticen a las niñas y mujeres una vida libre de violencia.
Durante la reunión, la comisionada nacional aseveró que a cinco años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Guerrero por violencia feminicida, y a dos años de la declaratoria de Alerta por agravio comparado, los niveles de cumplimiento son bajos.
Bajo esta premisa, Alanís Sámano añadió que, incluso, para la segunda declaratoria, el cumplimiento es nulo.
En este sentido, urgió a acelerar el paso y conformar una estrategia integral en la que todas las autoridades estén involucradas y se dé cumplimiento a las responsabilidades que se han adquirido, desde las locales hasta las que existen en el ámbito internacional.
Señaló que se requiere fortalecer la atención a todas las formas de violencia que viven las mujeres y niñas en Guerrero: sus derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la justicia y a la reparación del daño a todas las víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida.
Fabiola Alanís apuntó que se debe trabajar en la reducción de los niveles de violencia sexual, así como a atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Inés Fernández y garantizar que en Ayutla de los Libres y en todo el estado, las mujeres y niñas no sean víctimas de múltiples violencias incrementadas por los contextos de alta desigualdad.
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Sostuvo que la Secretaría de Gobernación ha dedicado más de 6 mil 100 millones de pesos para el fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de derechos humanos, como lo informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
También se tiene el objetivo de instalar un mayor número de Unidades de Análisis de Contexto en las fiscalías y procuradurías del país, para que ayuden a la investigación de casos de violencia con perspectiva de género, además de robustecer la red de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en el territorio nacional, que hoy son 56 y están otros seis en proceso de construcción, más los que se sumen en la convocatoria de este año.
