El recurso de revisión ante la Suprema Corte fue interpuesto por la Secretaría de la Función Pública, tras el amparo otorgado a Rosario Robles en torno a su inhabilitación de 10 años para ocupar un cargo público
Luego de que un tribunal federal amparó a Rosario Robles Berlanga en torno a la inhabilitación de 10 años para ocupar un cargo público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará dicho fallo, según establecieron sus registros judiciales.
Cabe destacar que desde la presidencia de la SCJN se admitió la demanda de la Secretaría de la Función Pública, con la que busca revertir la resolución del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México para amparar a la exsecretaria de Desarrollo Social que estuvo en prisión los últimos casi tres años.
“Por simplemente sancionar severamente cualquier ‘falta a la verdad’, sin atemperar las condiciones de comisión de la infracción, como podría ser la culpa o el dolo, figuras que, si bien son propias del derecho penal, pueden resultar perfectamente aplicables a casos como el presente”, establece la resolución de los magistrados del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX.
Además, el fallo de los magistrados apunta que el efecto de su resolución no conlleva a que la supuesta infracción cometida por Rosario Robles quede impune, pues se da oportunidad a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisar otra vez el caso y tomar una nueva decisión sobre su inhabilitación.
De acuerdo con reportes oficiales, el recurso de revisión fue interpuesto por el director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de tercero interesado.
En ese sentido, el amparo de Robles Berlanga, acusada de un daño al patrimonio por más de 5 mil millones de pesos cuando formó parte del gabinete del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, será revisado por la ponencia del ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
