- El presupuesto del INE ya había sido tema de controversia en noviembre de 2021, cuando el órgano electoral indicó que los recursos asignados no eran suficientes para llevar a cabo la consulta por la Revocación de Mandato.
El recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), ese que causó tanta controversia debido a que era necesario para la consulta por la Revocación de Mandato, fue invalidado este 1 de junio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La invalidez del recorte de 4 mil 913 millones de pesos se dio con base en el proyecto del ministro González Alcántara, el cual le dio la razón al INE respecto a la controversia constitucional que interpuso contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
Con base en lo anterior, la resolución de la Suprema Corte establece que la Cámara de Diputados deberá analizar de nuevo el proyecto de egresos que el INE presentó en 2021 y mismo que formó parte del PEF 2022.
En su resolución, la SCJN, determinó que los legisladores tienen un plazo de 30 días naturales, a partir de que sean notificados, para que analicen y determinen en sesión pública si entregan o no al INE el monto original, el cual asciende a 24 mil 679 millones 593 mil 972 pesos.
“Se declara la invalidez del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al INE, anexos 1 y 32 en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021 (…) La Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de egresos del INE para el ejercicio fiscal 2022 dentro del lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación”, indica el proyecto del ministro González Alcántara.
Esta no es la primera ocasión en la cual el presupuesto del INE es objeto de controversia, pues en noviembre pasado, cuando se sometió a discusión dicho presupuesto, la Cámara de Diputados determinó concederle menos recursos al órgano autónomo, aunque no justificó las razones, mientras que el INE señaló que el recorte impedía el pleno ejercicio de sus atribuciones como autoridad electoral, además de que se avecinaba la consulta por la Revocación de Mandato.
“El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo”, indicó el INE en la controversia constitucional.
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Posterior a la controversia constitucional, el INE presentó una solicitud para una suspensión provisional y evitar que fuera obligado a realizar ajustes a su presupuesto para realizar la consulta.
El resto de la historia es por todos conocida: la suspensión no fue concedida y la Suprema Corte no emitió resolución al respecto, por lo que el INE organizó la consulta con el presupuesto asignado y su respectivo recorte.
AM
