La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa con el avance en el estudio de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de a la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED) por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley procede sobre bienes de carácter patrimonial relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, hidrocarburos, entre otros.
Durante la primera parte del análisis, la mayoría de los Ministros consideraron que “el uso o destino lícito de los bienes vinculados al hecho ilícito” contenida en la definición de legítima procedencia del artículo 2 de la LNED resulta contraria al texto constitucional, ya que el artículo 22 de la Norma Fundamental se establece que no procederá sobre bienes adquiridos lícitamente, aunque estén vinculados con hechos delictivos.
La Ministra Esquivel precisó además que como jueces constitucionales, resulta obligatorio interpretar las normas en un sentido amplio para la protección de los derechos humanos de las víctimas y de la sociedad.
En los apartados subsecuentes, el Pleno de la SCJN invalidó también el artículo 9 de la LNED, que incorporó como elementos la existencia de un hecho ilícito y el conocimiento del titular sobre el destino del bien.
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