Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que el Alto Tribunal actuará con independencia e imparcialidad, como lo ha venido haciendo, aunque sus fallos puedan gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, y enfatizó que su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos.
Al decretar el inicio del primer periodo ordinario de sesiones de 2022, el ministro indicó que entre los asuntos relevantes que se abordarán destaca la controversia constitucional en que se impugna el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública.
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De igual manera, las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, además de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. También se estudiarán temas relacionados con el interés superior de la infancia, tales como las acciones de inconstitucionalidad relativas a los derechos de las infancias trans, la relativa al castigo con fines disciplinarios a niños niñas y adolescentes, y la que se refiere a los Centros de Cuidado Infantil de la Ciudad de México.
Asimismo, la acción en la que se impugna el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en la Ciudad de México, y diversos asuntos relacionados con el caso de la presa La Boquilla, en Chihuahua, donde se reclama el Tratado de Aguas Internacionales firmado entre México y Estados Unidos.
Mencionó que hay muchos otros asuntos de interés, pero estos no pueden listarse ni ser resueltos, hasta en tanto no existe un proyecto del ministro o ministra ponente.
“La cantidad de asuntos que debemos atender es enorme por lo que no existe ninguna intencionalidad de diferir el conocimiento de asuntos relevantes, sino simplemente las cargas de trabajo propias del Tribunal Constitucional”, expresó.
El ministro Arturo Zaldívar comentó que el año pasado ingresaron 12 mil asuntos a la Corte y cada uno de ellos reviste una relevancia única para quien los promueve.
A partir de hoy, apuntó, utilizarán un formato unificado que permita facilitar para los operadores de justicia y el público en general la identificación de las consideraciones que constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país.
