La Consejería Jurídica de Presidencia arremetió contra el juzgador, al que acusó de «arrancar hojas» de la Carta Magna, tras haber resuelto un tema de carácter electoral que, desde su punto de vista, no le corresponde.
De acuerdo con la Consejería, esta resolución viola la Constitución, ya que el juzgador habría resuelto un tema electoral ajeno a él.
«Ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del Ministro Laynez Potisek, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto», se informó.
De esta manera, la presidencia se ha mostrado preocupada por la decisión del Ministro Laynez Potisek de suspender la totalidad del decreto controvertido, aun cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) no solicitó ese alcance.
«Incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto», señaló.
Según la Consejería, la Carta Magna solo faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, «con excepción de las que se refieran a la materia electoral».
Por lo que, la Consejería Jurídica consideró que existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado y que esto no es función del árbitro electoral el cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo expidió.
«De conformidad con el artículo 19, fracción II de la Ley la Reglamentaria, no deben suspenderse los efectos de una norma general. Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite», refirió.
Además, es importante mencionar que, se inconformaron por la fecha y la hora en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió la decisión de Laynez.
Así, el Ejecutivo federal ha afirmado que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y que solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva.
«El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante».
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