El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de Controversia Constitucional en contra del Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
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A través de un comunicado, el INE señaló que defiende su autonomía y el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante las violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales.
El recurso interpuesto este jueves se suma a la Controversia Constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero en contra del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
En la demanda, se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, en particular lo que afecta los derechos fundamentales del Instituto Nacional Electoral y los derechos políticos de la ciudadanía.
Así mismo señala que la Controversia Constitucional que presentó se basa en cuatro ejes fundamentales: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y a otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE.
El Instituto tiene confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma.
