El senador de Morena, Ricardo Monreal presentó 21 bloques de inconstitucionales que deben corregirse en el Plan B del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de los cuales el secretario de Gobernación aprobó seis pero se llevó para revisión otros 17.
“El secretario sí planteó el interés de aprobar y de mantener las reformas contenidas en las seis leyes; es su interés y nosotros lo respetamos”.
Así también, precisó que el planteamiento que él realizó es que si no corrigen los elementos de inconstitucionalidad que contienen las seis leyes del Plan B, se darán elementos a la Corte para que pueda ser revisado el actuar del Poder Legislativo.
«El secretario de Gobernación aceptó los 70 cambios realizados previamente, en los que ya se han incorporado está de acuerdo. Pero yo todavía ahora le planteé 21 bloques de inconstitucionalidades, y un bloque contempla o puede contemplar varios artículos. Se aceptaron, hasta ahora, seis de 21”, expuso.
Por su parte, el secretario Adán Augusto López confirmó que durante la reunión con Mónica Fernández Balboa y Rafael Espino, presidentes de comisiones del Senado, y con el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, persistieron diferencias sobre la Electoral.
“¿Ustedes ven factible que salgan estas modificaciones? Alguna sí; en otras no coincidimos, pero las vamos a seguir revisando”, adelantó López Hernández.
Sin embargo, el funcionario dijo que, por respeto al Poder Legislativo, no revelaría esas discrepancias hasta que concluya el proceso legal. No obstante, dejó claro que desde el Ejecutivo existe respeto a la decisión de los senadores: “Total disposición. Finalmente, será una decisión de los senadores, por eso nosotros vamos a seguir revisando puntualmente los planteamientos”.
Asimismo, afirmó que continúan revisando los ajustes planteados en el Senado de la República, por lo que se devolvería a la Cámara de Diputados, de modo que el Plan B posiblemente se aprobaría en un periodo extraordinario.
¿Avanza el Plan B ?
El Senado de la República avaló en comisiones el Plan B de la Reforma Electoral, con la eliminación de seis bloques de “inconstitucionalidades” que detectó el líder de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, por lo que ahora pasará al pleno para su votación.
En sesiones separadas, ante la falta de quórum para que sesionaran juntas, las comisiones de Gobernación, que preside Mónica Fernández, y la de Estudios Legislativas Segunda, aprobaron los cambios legislativos.
Cambios realizados al Plan B
Uno de los cambios establecidos fue la eliminación de la obligación al Instituto Nacional Electoral (INE ) para que entregara propuestas de reformas a leyes electorales, la paridad obligatoria para la integración de las cámaras del Congreso y lo relacionado con el autogobierno indígena.
Las comisiones también avalaron ajustes como el que considera que para la impresión de materiales electorales en lenguas indígenas se contemple el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y otras instancias gubernamentales.
Otro ajuste refiere que en lo que respecta al voto en el extranjero, originalmente se incluía que fuera aplicable en ejercicios de consulta popular y con los ajustes se establece sólo para elecciones para definir cargos de elección popular.
Entre las inconstitucionalidades que detectó destacan todas las referentes al debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), que incluye lo relacionado con cambios en el Sistema Nacional de Elecciones; su limitación en cuanto a facultades reglamentarias y fiscalizadoras; la eliminación de las 300 juntas distritales para crear órganos auxiliares, lo que incluye reformas el procedimiento para designar a los funcionarios de casilla; la creación de una Comisión Administrativa y la eliminación de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Explica que otra falta constitucional en cuanto a la estructura del INE es la destitución del secretario ejecutivo, la designación del titular del Órgano Interno de shoppingmode Control y la ratificación de los consejeros electorales, porque todos estos elementos violan la autonomía del instituto, que se establece en la Carta Magna.
También se eliminó el criterio de que los partidos pudieran utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como para la elección federal o local siguiente.
Otro factor, señala el análisis realizado por el presidente de la Jucopo del Senado, es la limitación en la facultades constitucionales de los organismos públicos locales electorales (OPLES).
Por otra parte, refiere que va contra la norma constitucional la limitación que establece el Plan B al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la emisión de sentencias, es decir, la limitación de su jurisdicción tanto en litigios de elección interna de dirigentes como de los candidatos a cargos de elección popular. Indica que las restricciones tanto al INE como al TEPJF en estos aspectos limitan las sanciones a los infractores de la legislación electoral.
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