El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó el estudio “Mercado de Plaguicidas ilegales en México”, que advierte sobre la magnitud de estos productos y posibles efectos en la seguridad humana que limitarían el desarrollo sostenible en México.
El documento señala que los plaguicidas son uno de los productos más regulados a nivel nacional e internacional. Sin embargo, existe un mercado de plaguicidas ilegales en crecimiento que se encuentra valorado entre 126 y 210 millones de dólares en 2020 y que representó 29.1 por ciento del Consumo Nacional Aparente en 2017, lo que equivale a 41 mil 880 toneladas.
El director general del ONC, Francisco Rivas destacó que la presencia de estos productos en el mercado no solo constituye un problema de competencia desleal hacia las empresas de la industria de protección de cultivos, también representa, dijo, una seria amenaza para la seguridad humana y el desarrollo sostenible.
“Se presentan los cálculos correspondientes a estos años debido a que desde los inicios de esta administración federal hubo una baja significativa de los aseguramientos realizados por esta institución”
Asimismo, el estudio revela que la medición de 2020 de envases vacíos encontró que 13 por ciento corresponde a productos sin registro de acuerdo con Campo Limpio Amocali A.C. (AMOCALI). En términos de las ventas a nivel distribuidor, el 15 por ciento del sector ilegal detectado por la industria privada equivaldría aproximadamente a un total de 210 millones de dólares.
Existe una asociación espacial significativa entre altos niveles de alertas y altos niveles de cultivos de exportación en municipios de Sonora, Sinaloa y Baja California entre 2009 y 2020, además de algunos municipios en Tamaulipas. Sin embargo, no se puede descartar la presencia de plaguicidas ilegales en productos agrícolas de la zona centro y sur de México en donde la producción puede estar dirigida principalmente para el consumo nacional.
“La pandemia aceleró la comercialización de estos productos a través de redes sociales en las que no existen mecanismos para acreditar la legalidad de los mismos”.
El estudio identificó 4 principales obstáculos que dificultan el trabajo de las instituciones competentes para iniciar procedimientos administrativos y penales contra los responsables de comerciar plaguicidas ilegales: 1) Escasez de información para el análisis y toma de decisiones. 2) Insuficiencia de capacidades institucionales para aplicar la ley. 3) Falta de cooperación interinstitucional. 4) Disminución de capacidades operativas durante la pandemia.
Se encontraron casos de éxito cuando la Fiscalía General de la República (FGR) logró sentenciar a personas responsables de cometer delitos de falsificación de marca y asegurar productos en Chiapas. Pero, en lo que toca a delitos contra la salud, esta autoridad no ha logrado sentenciar a ninguna persona y tampoco conoce la composición química de las sustancias aseguradas ni el país de origen de las mismas.
Ante la situación, el Observatorio realizó una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: Robustecer las fuentes de información a nivel institucional para mejorar los diagnósticos en la materia; Fomentar el trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Aduanas y los representantes de la industria a fin de mejorar los mecanismos de supervisión de productos ilegales de exportación antes y durante su llegada a la frontera; entre otras.
