La fórmula en la justicia electoral debe ser sencilla: ante cualquier falla, la ley; ante cualquier atropello, la efectividad de los derechos, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, quien indicó que, en el mundo, cada país presenta sus propios desafíos, fortalezas y retos para garantizar elecciones íntegras. Sin embargo, sostuvo, una garantía persiste en todos: el poder de la justicia para cumplir esta expectativa y enmendar cualquier ruptura, desgarre o agujero en el tejido de las elecciones que dan sustento a la democracia.
Al participar en la inauguración del “Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones” ante personas expertas en elecciones e integridad electoral de las misiones internacionales de observación, autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia, el magistrado presidente destacó que la justicia electoral juega un papel de costurero de la confianza, porque confecciona las mejores oportunidades, pero también repara las fallas en el tejido de las elecciones.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez sostuvo que las instituciones, como el TEPJF, no son de mayorías ni de minorías, las instituciones son de su comunidad política y sociedad, son patrimonio nacional, enfatizó.
En este evento, cuyo objetivo es analizar los alcances de la perspectiva de integridad para la impartición de justicia electoral y discutir la observación electoral bajo parámetros de integridad, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Janine Otálora Malassis, señaló que en el marco del proceso electoral 2023-2024 el acompañamiento de la academia y de las personas observadoras nacionales e internacionales será crucial.
De acuerdo con la magistrada, lo anterior permitirá evaluar si la conducta de los gobiernos, actores políticos, militantes partidistas, autoridades e instituciones se apega con los principios de la integridad electoral y con las reglas democráticas establecidas por la legislación nacional y los tratados internacionales.
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Para que un proceso pueda ser calificado íntegro, agregó la magistrada Otálora Malassis, es necesario que la ciudadanía cumpla con su obligación y responsabilidad de votar de manera informada, libre, es decir, sin coacción por parte de partidos ni de programas sociales.
Asimismo, a los actores políticos, dijo, se les hace un llamado para respetar las reglas del juego democrático que ellos mismos establecieron a partir del ejercicio de la soberanía popular; a los poderes ejecutivos y políticos, a no intervenir en los procesos electorales, sino a actuar con responsabilidad, prudencia y neutralidad. En tanto, la obligación de las autoridades en materia de justicia electoral por preservar el orden constitucional y el Estado de derecho requiere de una conducta totalmente neutral, a fin de evitar la búsqueda de un aplauso público o de un clamor político, puntualizó.
