Senadores de MC, PRI, PAN y PRD pidieron a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el “decretazo” del Presidente Andrés Manuel López Orador.
Dicho “decretazo” emitido por el mandatario federal cataloga las obras de infraestructura de su gobierno como asuntos de Seguridad Nacional, situación que los Senadores catalogaron como violación a la Constitución y atentado contra la división de poderes.
Por su parte, Sánchez Cordero dio a conocer que someterá la solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta.
El líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que 80 senadores no están de acuerdo con que la Presidenta de la Mesa firme el recurso solicitado por la oposición.
“En todas sus decisiones, y ésta es una de ellas, está subordinada a la mayoría del pleno. Ella no puede asumir por sí sola una decisión del pleno”
Además, un grupo plural liderado por el legislador Germán Martínez se unió a la petición del bloque opositor para exigir a Sánchez Cordero firmar la controversia mencionada.
Lucy Mesa, morenista, defendió la decisión del Licenciado Andrés Manuel justificando que busca blindar obras como El Tren Maya, Tren Transístmico y al Refinería de Dos Bocas.
“Acéptenlo, ustedes son la oposición moralmente derrotada por este gobierno, que sí va a cumplir con estos proyectos estratégicos”
La controversia constitucional es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de Gobierno de la Ciudad de México o entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del Presidente se desglosa en tres artículos donde, como primer punto, califica como Seguridad Nacional la aprobación de todos los proyectos que surjan durante su administración.
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En el segundo artículo se lee la obligatoriedad de otorgar la autorización provisional de todos los permisos o licencias requeridas para dar inicio a dichos proyectos. Finalmente, en tercer lugar, el decreto destaca que las autorizaciones emitidas en el segundo punto tienen una vigencia de 12 meses durante los cuales se tiene permitido trabajar en los proyectos solicitados en el primer artículo.
