La Entidad de la Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en compañía con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México exhortaron a las instituciones del Estado mexicano para garantizar una investigación efectiva de los delitos y violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista y activista Lydia Cacho.
Ambas organizaciones aseguraron que dicha investigación debe incorporar plenamente la perspectiva de género y determinar tanto a los autores materiales como autores intelectuales de los hechos para evitar la impunidad del caso.
Las entidades recalcaron la necesidad de compromiso por parte de todas las autoridades. Indicaron que tanto los poderes judiciales como estatales y quienes los integran tienen una gran responsabilidad para hacer efectivos los derechos de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño y garantizar que no se repitan estas violaciones.
Esto se da luego de que e pasado 26 de julio, Kamel Nacif obtuviera un amparo para revocar la orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de tortura en contra de la periodista.
ONU Mujeres y ONU-DH recordaron la obligación de las instituciones del Estado mexicano para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso, en el que en dicho Dictamen, el Comité de Derechos Humanos determinó que el gobierno había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personal, así como el respeto a la libertad de expresión.
Además, el Comité señaló que “Los tratos a los que se sujetó a la autora tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.
Añadieron que, la obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para ejercer la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en el país debe incluir la investigación y sanción de acuerdo con los principios de diligencia de los actos que pretendan coartar dichos derechos.
Indicaron que la actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática, y el claro ejemplo es el trabajo de la periodista Cacho, el cual ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer abusos cometidos desde diferentes ámbitos del poder.
Finalmente, aseguraron que la impunidad en el caso de la periodista no solo la afecta a ella y sus familiares, ya que favorece a la repetición de los delitos y las violaciones a los derechos humano e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Los Organismos refrendan su disposición de seguir brindando su asesoría y cooperación a las instituciones del Estado mexicano, incluidas las instituciones judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar.
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