La Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió este jueves una resolución declarando la invalidez del Acuerdo Presidencial de noviembre de 2021 que clasificaba como de seguridad nacional las obras prioritarias del Gobierno.
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Esta medida ordenaba agilizar los trámites para su ejecución. Sin embargo, la determinación de los efectos de esta decisión se postergará hasta el próximo lunes.
Los ministros de la corte comenzaron a analizar la controversia presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra el decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021. Dicho decreto clasificaba como de seguridad nacional toda la información relacionada con los proyectos «prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional», como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
En la sesión, el pleno de la corte determinó que el decreto es inconstitucional debido a que ordenaba, en la práctica, una reserva previa de toda la información relacionada con estos proyectos. Sin embargo, los ministros no lograron ponerse de acuerdo sobre los efectos específicos de esta decisión.
Inicialmente, la mayoría de los ministros coincidió en que el decreto no era una norma general, sino un acto administrativo. Por lo tanto, consideraron que la resolución solo tendría efectos entre las partes involucradas en la controversia, es decir, el Inai y el gobierno federal.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que estos efectos significarían que el decreto impugnado seguiría siendo válido para los ciudadanos en general que solicitaran información sobre los proyectos estratégicos.
Cabe señalar que al final de la sesión, se generó una discusión desordenada en la que varios ministros, incluida la ministra presidenta Norma Lucía Pina, afirmaron que el Acuerdo «ya se cayó», argumentando que sus instrucciones estaban dirigidas a una de «las partes» del litigio, es decir, a todas las dependencias del Ejecutivo.
La resolución final sobre los efectos de la invalidez del Acuerdo Presidencial podría tener implicaciones significativas para el acceso a la información sobre los proyectos estratégicos del Gobierno.
AMLO revira con otro decretazo
Más tarde, el mandatario nacional envió otro decreto para proteger sus megaproyectos como el Tren Maya (A cargo de Sedena), el Corredor del Istmo de Tehuantepec, así como los Aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal (Sedena), de nuevo estableciendo la información como de seguridad nacional y de interés público, lo cual mantiene la tensión entre ambos poderes.
El nuevo decreto establece:
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Correo Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”.
El decreto está firmado por el presidente López Obrador y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, así como el de Marina, José Rafael Ojeda.
