Ante el debate que se sostuvo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de prisión preventiva oficiosa (PPO) donde se destaca el esfuerzo de quienes acotan la aplicación de esta medida privativa de la libertad, considerada claramente arbitraria conforme a las normas y estándares internacionales.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) subrayó el hecho de que 9 de los 11 ministros hayan reconocido el daño que representa para los derechos de las personas la aplicación de la PPO y que la mayoría señaló su incompatibilidad con los estándares internacionales en materia de libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia.
Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la ONU-DH.
«Se debe tener presente que una de las graves consecuencias de la aplicación de esta figura ha sido que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que de manera arbitraria se han encontrado en reclusión en México bajo esta figura».
Así, los diversos mecanismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la propia ONU-DH han coincidido en señalar la incompatibilidad de la PPO con los tratados internacionales de los que México es parte.
A su vez, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la ONU-DH recibió la disposición constructiva y colaborativa de los ministros, particularmente de quienes redactaron los proyectos sometidos a discusión, y el valor de la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes secundarias que indebidamente extendieron el marco de aplicabilidad de la PPO.
Sin embargo, la ONU-DH destaca la oportunidad que se ha perdido para compatibilizar la normativa constitucional con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, la ONU-DH reitera las recomendaciones que indican la necesidad de derogar esta figura del texto constitucional y alienta a asegurar un espíritu de apertura frente los órganos internacionales que tienen competencia para evaluarla a la luz de los compromisos
internacionales del Estado mexicano.
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