En 2020, casi el 50 por ciento de las denuncias por hostigamiento y acoso sexual en administraciones federales se concentraron en el IMSS, la Semar y el IMBAL.
La institución castrense debe ser precisa al informar el tipo de acciones y sanciones específicas que se imponen a los responsables de hostigamiento y acoso sexual al interior de la dependencia, ya que esto constituye el conocimiento exacto del marco regulatorio de este tipo de conductas.
Así lo determinó la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Josefina Román Vergara, al presentar el caso ante el pleno de la dependencia, luego de que una persona solicitara a la Secretaría de Marina (Semar) la información sobre los casos por hostigamiento y acoso sexual al interior de la institución y demás datos en relación al castigo de esa conducta.
Concretamente, el solicitante pidió a la Marina conocer el número de protocolos que se activan cuando se presentan dichas denuncias; segundo, cuáles son las sanciones que se aplican a los agresores y, por último conocer el órgano encargado de castigar.
A lo que la Semar proporcionó parte de la información solicitada, sin especificar el tipo de sanciones correspondientes a dichas conductas. Hecho que obligó al particular a presentar un recurso de revisión ante el órgano garante de la transparencia en el país.
«El hostigamiento y el acoso sexual son conductas de carácter lascivo, indeseadas e indebidas, que se ejercen, entre otros, en el ámbito laboral y humillan, ofenden, intimidad y atentan contra la salud, la integridad, la dignidad, las oportunidades profesionales y los derechos humanos; así, se constituyen como expresiones de violencia», apuntó la comisionada al aseverar que este tipo de violencia «constituye una transgresión a los derechos humanos», ya que van en contra de un trabajo digno.
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La Semar proporcionó a través de un vínculo electrónico el “Protocolo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses de esta Secretaría de Marina Armada de México, para la Atención de Denuncias por Incumplimiento al Código de Conducta de esta Dependencia”, sin precisar el tipo de sanciones y el ente castigador, motivo por el cual se rechazó la respuesta de la institución castrense.
«Si bien la Secretaría de Marina modificó su respuesta primigenia, lo cierto es que sigue sin atender lo solicitado, ya que únicamente hizo referencia a los ordenamientos sobre sanciones administrativas que contempla la Ley General de Responsabilidades, pero sin especificar en qué concepto encuadran las conductas tipificadas como acoso y hostigamiento sexual«, puntualizó la comisionada este día durante la sesión del plano del Inai.
En ese sentido, Román Vergara destacó que de acuerdo con el informe estadístico sobre el registro de casos de hostigamiento y acoso sexual de la administración pública de 2020, aproximadamente 255 denuncias fueron presentadas en 57 instituciones del país.
Asimismo, casi el 50 por ciento de los casos se concentró en tres dependencias específicas: 52 denuncias en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 51 en la Secretaría de Marina y 20 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).
Cabe destacar que en relación a la distribución por sexo, el 92 por ciento de las victimas registradas durante 2020 fueron mujeres, mientras que un siete por ciento correspondió para hombres.
«La entrega completa y precisa de datos oficiales sobre las sanciones que se imputan a quienes cometen estos delitos propicia la responsabilidad institucional de generar información oportuna que contribuya a fortalecer una mejor toma de decisiones en la generación de políticas públicas, acorde a los cambios sociales que nuestra realidad exige y con el debido respeto a los derechos humanos«, concluyó la comisionada del Inai
Finalmente, el pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Marina de México, a fin de que profundice en su búsqueda de la información requerida en las unidades administrativas competentes e informe al solicitante las sanciones específicas que se imponen a los responsables de acoso y hostigamiento sexual al interior de la institución castrense.
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