La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo que las reformas a la Ley de Hidrocarburos aprobadas en el Congreso Federal, ya que afectan a libre competencia, desalientan las necesarias inversiones en ese sector, dañan los bolsillos de los consumidores y constituyen una violación a la Constitución.
Asimismo, la confederación sostuvo que, al validar posibles practicas anticompetitivas en favor de uno solo de los proveedores de combustibles, en este caso Petróleos Mexicanos (Pemex), los principales afectados serán los consumidores.
Ademas señalaron que con la legislación la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tendrán la facultad de suspender los permisos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, de manera discrecional y con temporalidad indefinida, ante un «un peligro inminente» a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin que se hayan definido claramente los supuestos normativos que regirán estas decisiones.
Por otra parte, la Coparmex refirió que otro de los temas preocupantes con respecto a esta reforma, es el ajuste realizado al régimen de sanciones que permite revocar los permisos previamente expedidos a los titulares que incumplan con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
También refirieron que la modificación al Artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en la que se elimina el concepto de «asimetría» y da nuevamente a Pemex el control en a venta de combustibles, lo que repercutirá no sólo en la competitividad, sino en el bolsillo de las familias mexicanas, al no tener opciones para comprar combustible más barato que el ofrecido por la empresa productiva del Estado.
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La Coparmex coincidió con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el sentido de que la reforma protege a Pemex frente a sus competidores, lo que terminara afectando a los mexicanos, pues «los mercados solo operan en beneficio de los bolsillos de los consumidores y el interés público cuando están bien regulados».
La confederación señaló que este proceso se ha hecho sin previa consulta a los expertos y en un proceso en el que la discusión y el debate no han sido posibles. Sin embargo dejaron en claro que apoyan todas las acciones del Gobierno de México encaminadas a fortalecer el sector energético cuando se trate de combatir ilícitos y de poner orden para que los permisionarios cumplan con sus obligaciones y operen en la legalidad.
JAL