Durante la Tercera Reunión con Miembros de la Iniciativa Privada en la Rama de la Tecnología de la Mesa Permanente para Analizar el Marco Jurídico y las Propuestas Legislativas en materia de Ciberseguridad, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal dio a conocer su mensaje en versión estenográfica.
De esta manera, expresó que es impostergable afrontar el fenómeno de la evolución, del alcance y del impacto de la ciberdelincuencia, que ha adquirido de manera vertiginosa el uso indebido de tecnologías que rebasan las previsiones legislativas.
Además, refirió sobre el reciente ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),el cual, es una muestra de la urgente necesidad de que el país cuente con legislación especial en materia de ciberseguridad.
Por ello, señaló al artículo 6º de la Carta Magna, mismo que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación; lo que implica el deber de garantizar la seguridad de acceso o la seguridad en el acceso.
«El Código Penal contempla un capítulo sobre acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, que comprenden los artículos 211-Bis-1 y al 211-Bis-7. La nueva legislación debe rescatar su contenido fundamental para mejorar su aplicación».
Asimismo, dijo que a pesar de contamos con un marco legal vinculado a la seguridad informática, los delincuentes logran acceder y encontrar nuevas rutas criminales, que son cada día más complejas. Es por ello que resulta importante renovar el marco jurídico en la materia.
En este sentido, puntualizó la necesidad de una legislación que no sólo tipifique las conductas delictivas que se dan en el ciberespacio; sino que a su vez aporten herramientas de investigación de los delitos que sean útiles a las autoridades investigadoras, por supuesto, en consonancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La legislación debe instaurar las bases para la integración y coordinación de las instituciones y las autoridades encargadas de preservar la ciberseguridad en sus respectivos ámbitos de competencia.
La ley debe tipificar los delitos en contra de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; así como el acceso ilícito a sistemas informáticos y reproducción ilícita de la información contenida en estos. Además de garantizara la población y a las instituciones de un acceso seguro a las tecnologías de la información y la comunicación.
Por eso, el Senado de la República desde octubre del 2020, llevó a cabo el Foro Ciberdelitos y Ciberseguridad de México, lugar en donde los especialistas, funcionarios y activistas; urgieron generar un marco jurídico apropiado para permitir hacer frente a estos ilícitos digitales.
El Banco de México cuenta con la estrategia de ciberseguridad 2019, con el objetivo de asumir la seguridad de la información en forma permanente. En junio del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que el sitio web del alto Tribunal sufrió una serie de ataques cibernéticos, el cual provocó también intermitencia en el servicio.
El 23 de febrero del 2020, la Secretaría de Economía detectó un ataque cibernético en algunos de sus servidores.
El político morenista aludió al ciberataque, donde a su vez, también se enteró de otras dependencias, como Pemex y otras organizaciones públicas. Así, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha identificado o denunció un incremento del 40 por ciento en los ataques cibernéticos perpetrados a esta institución.
«Es indispensable impulsar la ciberseguridad estratégica, a fin de atender de manera precisa y preventiva los riesgos y amenazas que surgen en esta materia, con estricto apego derecho y de manera integral y multifactorial y multidisciplinaria».
En la legislación deben impulsarse la confianza digital y un ambiente seguro para el mayor uso de plataformas de comercio electrónico.
Es fundamental sancionar con mayor severidad el acceso ilícito a los sistemas informáticos de instituciones financieras, así como la reproducción ilegal de la informática contenida en ellos.
Deben rescatarse las prácticas desarrolladas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como un instrumento que contenga los objetivos, ejes transversales y los principales ejes rectores para la articulación de los sectores de la sociedad con las instituciones públicas en materia de ciberseguridad.
La Directora Jurídica de la Propiedad Industrial y Seguridad Digital para Latinoamérica de Microsoft, reveló que es preocupante que los cibercriminales utilicen tecnologías más sofisticadas que vulneran a la seguridad de miles de usuarios.
Gran número de países cuentan con regulaciones que hacen referencia a la educación cibernética, a la protección de la infraestructura crítica, al crimen cibernético y a la seguridad digital.
Ciberdelitos
Asimismo, señaló a los ciberdelitos, los cuales no siempre se desarrollan desde nuestro país sino que vienen de otras partes del mundo; de ahí que se necesita una ley que atienda de manera extraordinaria los marcos internacionales, convenios internacionales para lograr una cooperación efectiva con todos los países del mundo.
«La legislación debe proveer los medios de contacto ciudadano accesible para la prevención del fraude cibernético».
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se estableció con el objetivo de identificar y establecer acciones en materia de ciberseguridad aplicables a un ámbito social, económico y político.
El Gobierno mexicano debe abordar la seguridad digital, basada en un enfoque de gestión de riesgos. La transformación digital en México, depende de tener ciberseguridad en el espacio digital. Un gran número de actividades que realiza el ser humano en la actualidad, giran en torno a la información contenida en el ciberespacio.
Los retos más relevantes del ciberespacio, tienen que ver con los incidentes, la confianza digital de los ciudadanos, las empresas y la seguridad nacional.
Las instituciones del gobierno son objeto frecuente de ataques y amenazas en el ciberespacio, que afectan la información y los datos que se resguardan en ellos, afectando en algunos casos la seguridad pública, incluso la seguridad nacional.
«Todos los grupos parlamentarios estamos preocupados por lo que está pasando en el país; y ustedes como representantes de distintas empresas, plataformas, también deben de estarlo porque todos somos vulnerables y susceptibles de intervenciones ilegales de hackers y de presuntos delincuentes en materia digital».
Por ello, agregó que es oportuno que se lleve a todo México, por lo que será necesario actualizar las leyes respectivas en la materia.
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